Los docentes dominicanos, la mayoría, son bien intencionados, aunque se les señala en deuda con el salto cualitativo que amerita el sistema educativo. También se dice de ellos que si no aportan lo suficiente no es enteramente su culpa, sino la de un sindicalismo mal practicado.
Su gremio, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no pierde oportunidad para mostrar un olímpico desprecio por el cumplimiento del calendario lectivo, con lo que desorienta al estudiante y altera la planificación y estado emocional de las familias.
Un ejemplo: Luego de un escarceo sobre la fecha de la pausa navideña, el Consejo Nacional de Educación, donde confluyen todos los entes del sistema, acordó recesar el 21 de diciembre y retomar la docencia el 10 de enero.
Pero sorprendentemente, en vez de acudir mañana a las aulas, el Comité Ejecutivo de la seccional Municipal-Bonao de la ADP convoca a una asamblea para “tratar asuntos de sumo interés”, y pide a los maestros, indicativo de que ni agenda tiene, “llevar por escrito las necesidades actuales e imperantes de sus respectivos centros educativos”.
A este desaguisado el ministro de Educación, Ángel Hernández, le ha salido al paso, diríamos valientemente porque más de un funcionario ha sucumbido ante la “temible” presión de la ADP, y denuncia que así no avanzará la escuela.
“El tiempo de docencia debe ser sagrado. Hay que recuperar el aprendizaje perdido. Cada hora que se pierde es un daño que se hace a los niños, niñas y adolescentes del sector público, los más pobres”, expresó Hernández, y coincidimos plenamente.
Exhortamos al ministro a que conmine a la ADP a ceñirse al Pacto por la Educación, suscrito por todos los sectores de la vida nacional, con el que ese sindicato asumió (artículo 4.2.1) que sus reuniones y actividades serían “sin desmedro del cumplimiento del horario y el calendario escolar establecido”.
Al ministro Hernández, que en apenas cinco meses en el cargo ha mostrado suficiente capacidad y determinación para llamar “al pan pan, y al vino vino”, no se le puede dejar solo.
Que los sectores comprometidos con la escuela pública rechacen toda acción que debilite los esfuerzos que hace la sociedad para financiar y mejorar la educación dominicana.
