El Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 ha implicado prácticamente una nueva cultura del servicio público, y se puede proclamar a boca llena que constituye una transformación radical en lo que respecta a la asistencia a la ciudadanía en casos de eventos de salud, incendios, accidentes o ante hechos delictivos.
Lo menos que se puede hacer para preservarlo y cuidarlo, es incentivar a la gente a hacer un uso correcto, por lo que hay que aplicar sin contemplaciones la Ley 140-13 a las personas que hacen llamadas molestosas y de falsa alarma.
Las cifras que llegan desde el propio sistema 9-1-1 son preocupantes; se dice que durante el primer semestre de este año el 73% de las llamadas recibidas son de ese tipo.
O sea, más de dos de cada tres llamadas en ese lapso, un total de 1,337,000, han sido tipificadas como molestosas o falsas, lo que puede causar que no se acuda en auxilio de alguien que realmente lo necesite.
Así se ocupan las líneas y eso genera más dificultad a las personas que tienen una necesidad real de atención. Ocupan a un operador que bien podría estar atendiendo una verdadera emergencia.
Hay que decir a las autoridades que no deben quedarse solo en hacer la denuncia y debieran aplicar con drasticidad, ya hay precedentes al respecto, la mencionada ley.
Aparte de crear conciencia y educar, que haya consecuencias es la mejor manera de contrarrestarlas y para evitar que se abuse del sistema o se haga un uso irresponsable.
Existe una unidad especializada para perseguir y someter a la Justicia a aquellos que incurran en los delitos de llamadas molestosas, intentos de ‘hackeo’ y para aquellas infracciones que capte el sistema de videovigilancia.
La población deberá tomar conciencia de la importancia de usar responsablemente el sistema 9-1-1, del que no estamos persuadidos de que esté desmejorando en la calidad de su servicio, pese a que no se conocen datos recientes de la satisfacción a nivel nacional y aunque de manera esporádica se reciben denuncias de supuestas deficiencias y carencias.
