No podía ser más oportuna la gestión que realiza Elías Wessin Chávez como presidente dela Comisión Permanente de la Junta Central Electoral (JCE) en la Cámara de Diputados, con el propósito de propiciar un diálogo para tratar de unificar la legislación electoral en un Código. Particularmente, el diálogo se centraría en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica 15-19 del Régimen Electoral.
Es oportuna porque ocurre con más de tres años de antelación a la consulta electoral de 2024, tiempo suficiente para hacer los ajustes requeridos. Y no es solo por el tiempo material, sino también por la época, la coyuntura, muy distante de una contienda electoral.
Ahora se supone que los intereses de las partes no están a flor de piel, no se ven ventajas preestablecidas, y en tal virtud, el ambiente para discutir cualquier asunto luce despejado. No significa que las diferencias hayan desaparecido.
Al margen de ese factor, habría que ver si a las partes les interesa que todos los entuertos que hay en esas dos legislaciones se resuelvan. Todo lo dicho anteriormente se fundamenta en que para alcanzar algún propósito debe primar la buena fe.
La coyuntura en que fue aprobada la ley de partidos estuvo muy marcada por una lucha entre los detentadores del poder y sus adversarios internos y externos. Y las fórmulas que se fueron dando para aprobarla encontraban mayores niveles de consenso entre los gobernantes y sus contrarios de la oposición.
Pareció que la ley no se elaboraba sobre la base de un principio básico: la ley se afirma en la equidad, igual para todos. Se buscó legislar para dañar al adversario, y eso se constituyó en uno de los elementos perturbadores de ese agitado proceso que devino en una división de la fuerza gobernante.
Ahora quizás las condiciones resulten más favorables para que en un tiempo razonable, como dijo Wessin Chávez, en una entrevista con la periodista Yanessi Espinal, en el curso del año 2021 pueda aprobarse un Código Electoral que instituya transparentemente todas las normas que habrán de primar en el sistema político-electoral dominicano.
Sería una apuesta temprana a la salud del sistema de partidos y de administración electoral para la justa cívica de 2024.
