El caso de las muertes ocurridas el 10 de septiembre en Santiago, donde cinco personas perdieron la vida durante un “operativo policial”, ha levantado una ola de indignación en la sociedad.
La calificación del hecho como una ejecución extrajudicial por parte del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exige no sólo una profunda investigación, sino también una respuesta contundente y ejemplar por parte de las autoridades.
Los informes forenses del Inacif aportan evidencias que son innegables: las víctimas no dispararon armas de fuego ni tenían sustancias controladas en su organismo. Además, los proyectiles que causaron sus muertes provienen de las armas de los policías involucrados. Esta información es crítica y debe ser el punto de partida para que el Ministerio Público actúe con la seriedad que la situación demanda y la sociedad merece.
Las familias de las víctimas y la sociedad merecen respuestas claras y justas. La aplicación de la ley debe ser uniforme y sin distinciones. No puede haber impunidad, y los agentes que hayan incurrido en conductas delictivas deben rendir cuentas, y tener claro que toda acción tendrá consecuencias.
La denuncia de un uso excesivo de la fuerza en un supuesto operativo que, según las evidencias, no fue un enfrentamiento legítimo, lo que pone de manifiesto la necesidad de reformar prácticas y protocolos dentro de las instituciones policiales. Prácticas que debieron quedar en el pasado, sobre todo, cuando este Gobierno, ha invertido esfuerzos y dinero en una reforma policial, a la que apostamos y que debió comenzar a generar resultados positivos.
Hay que actuar para prevenir abusos y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Casos como este nos hacen preguntar, si ha valido la pena la inversión en la reforma policial, incluyendo la capacitación a estas fuerzas del orden que se ha implementado.
La sociedad dominicana está atenta y exige justicia. El Ministerio Público debe cumplir su deber de investigar a fondo y aplicar la ley sin reservas. La transparencia y la justicia no son sólo demandas de los ciudadanos, sino un imperativo moral que debe guiar todas las acciones del Estado, así como lo ha señalado en innumerables veces el propio presidente Luis Abinader.
La única forma de restablecer la confianza es asegurando que las víctimas no sean olvidadas y que se haga justicia, sin excepción.
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