La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las heridas sociales más profundas de la República Dominicana.
Frente a esta realidad, fortalecer las leyes, mejorar la prevención y garantizar protección efectiva a las víctimas no puede seguir siendo una tarea pendiente.
La aprobación de la Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocida como Ley Mirabal, representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. Una propuesta que ha sido trabajada minuciosamente por la Ministra de la Mujer, y un gran equipo técnico.
El respaldo de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial a esta iniciativa, constituye una señal importante. Su llamado a impulsar la aprobación del anteproyecto en el Congreso Nacional pone sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco jurídico y ofrecer respuestas más eficaces ante las distintas manifestaciones de violencia.
Las cifras de feminicidios y los reiterados casos de agresiones evidencian que el problema no se resuelve únicamente con discursos de condena. Se necesitan políticas públicas sostenidas, instituciones preparadas, mecanismos de protección oportunos y un sistema de justicia capaz de actuar con firmeza ante las denuncias.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la incorporación de nuevas figuras delictivas, entre ellas la violencia vicaria, mediante la cual un agresor utiliza a los hijos u otras personas cercanas para causar sufrimiento a una mujer. Reconocer estas conductas en la legislación permitiría visibilizar formas de maltrato que dejan profundas secuelas físicas y emocionales en las víctimas y sus familias.
Sin embargo, aprobar una ley no basta. Su efectividad dependerá de la aplicación rigurosa de sus disposiciones, de la capacitación de los operadores de justicia y de la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia. También será indispensable garantizar recursos para que las medidas de protección no se queden en el papel.
En ese sentido, la propuesta de promover alianzas entre la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Ministerio de la Mujer resulta pertinente. La formación y la sensibilización de quienes intervienen en estos casos pueden contribuir a evitar la revictimización y facilitar el acceso a la justicia.
El Congreso Nacional tiene ahora una responsabilidad que trasciende las diferencias políticas. La discusión de la Ley Mirabal debe asumirse con seriedad, sensibilidad y sentido de urgencia, porque detrás de cada caso hay vidas, sueños que nunca llegarán y muchas familias afectadas.
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