¿Fracasa la promesa de una justicia digital en RD?

Nos hemos referido en varias ocasiones a la justicia digital, una apuesta personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina quien, desde su Plan Estratégico del Poder Judicial Visión Justicia 20/24, pretende modernizar la justicia y prestar servicios a través de medios digitales.

Ya decíamos que con la pandemia del COVID-19 estas intenciones encontraron la “tormenta perfecta” para aplicar este plan, en su momento se hizo a través de resoluciones del Consejo del Poder Judicial que, posteriormente, fueron declaradas contrarias a la Constitución por disponer de facultades reglamentarias que no poseía ese órgano y modificar disposiciones de carácter legal.

Así las cosas, finalmente, se promovió y aprobó la Ley número 339-22, de uso de medios digitales en el Poder Judicial, que incluía la alternativa de los servicios a través de medios digitales y una importante reglamentación que debía ser realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ya con la norma en vigencia, el reglamento de aplicación promulgado y cumplido el tiempo para completar su implementación (finales del año 2023), fue muy poco lo que se avanzó en ese sentido.

Luego de este largo introito, nos topamos con otra “tormenta perfecta”, pues a raíz de la lamentable tragedia de Jet Set, el pasado 8 de abril de este año, el Poder Judicial puso atención a una carta de los jueces que prestan servicios en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional, que da cuenta de la vulnerabilidad del edificio y del inminente riesgo de colapso (información con que se cuenta desde el año 2021).

Es en estas atenciones que el Poder Judicial toma acción y ordena, en tiempo récord, el desalojo de la estructura física, traslado del personal de atención, un breve plazo de adecuación y, posteriormente, la obligatoriedad de las audiencias virtuales en los tribunales que tenían su sede en el maltrecho edificio.

Evidentemente la situación ha hecho saltar las alarmas, ha reavivado las quejas de los usuarios del sistema y ha vuelto a poner el ojo en la posible vulneración de derechos por un sistema que, a golpe de porrazo, impone la virtualidad sin espacio a otras opciones. Unido a este tema, el principal problema creo que se centra en que durante más de dos años nos perdimos la oportunidad de acercar posturas, de implementar protocolos certeros que nos permitieran conocer las virtudes de la plataforma digital, las audiencias virtuales y el gran hito que debe significar la “justicia digital”.

Desde la entrada en vigencia de la ley 339-22 y su reglamento de aplicación, poco o nada se hizo para promover el registro efectivo de los usuarios, personas y abogados, lo que choca con la imposición forzosa actual, donde si no se realiza esto prácticamente se veda el acceso a la justicia en el Distrito Nacional.

El ambiente de crispación en muchos sectores de la profesión podría aplacarse con grupos focales y encuentros que el Poder Judicial promueve para la explicación del sistema y las propuestas de mejora, vamos a participar de ellos con la legítima esperanza de que no sean eventos protocolares sino que se escuchen los comentarios de quienes trabajamos con estas herramientas.

Urgen explicaciones de por qué las audiencias no se celebran en un foro común, que cumpla con la publicidad requerida, por qué los trámites que presencialmente tardaban minutos de forma virtual tardan semanas y meses, por qué funciona sin imposiciones en jurisdicciones como La Vega y la especial atención a los usuarios y la brecha digital de nuestra sociedad.