El atascamiento del proyecto que crearía un nuevo Código Penal es muestra fehaciente de la incapacidad negociadora que nos impide avanzar con la rapidez necesaria para alcanzar objetivos en los que la mayoría parecemos o pretendemos estar de acuerdo. En muchas ocasiones en nuestro pasado reciente, se postergaron la aprobación de asuntos vitales por diferencias irreconciliables y de esa manera dejamos pasar oportunidades, hoy perdidas, o que nos costará recuperar, con un negativo balance en la lucha contra el atraso y el subdesarrollo.
El Código sobre el que el país ha cifrado grandes expectativas para mejorar la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las deficiencias en la administración de una justicia sana conforme al Derecho y la Constitución, es una víctima de esa indolencia nacional. Lo que estanca su aprobación es el tema de las tres causales, que un importante sector entiende que es una vía segura a la legalización del aborto.
En la incapacidad de encontrar salida al problema en la mesa de negociación, las partes enfrentadas han radicalizado sus posiciones. El resultado ha sido, el previsible. No tenemos el tan ansiado Código Penal, y probablemente no lo tendremos por algún tiempo, mientras seguirá sin solución al tema de las tres causales. Como resultado de esto último, las mujeres víctimas de una violación seguirán obligadas a parir hijos indeseados, frutos de una acción criminal, o alumbrar criaturas marcadas por una deficiencia incurable.
El tema plantea cuestiones de carácter moral en una cuestión de carácter esencialmente material y legal, sin que existan vías idóneas para lograr ambos objetivos, debido a la terquedad en que se sostienen ambas posiciones. Así no tendremos Código Penal y la interrupción del embarazo justificado por tres causales continuará siendo un derecho no alcanzable. Obviamente, el país no está preparado para esa discusión.
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