Las posiciones extremas secuestran el tema haitiano, impidiendo un debate desapasionado alrededor de la inmigración ilegal. Es difícil encontrar algo que se le parezca a una política sobre el caso. Por esa razón, podríamos perder el control de la agenda bilateral. Sostener ese control debería constituir una prioridad en materia de política exterior, por ser esta la única posibilidad de neutralizar la intensa campaña de descrédito que grupos privados, con el apoyo de haitianos y dominicanos, han emprendido con notable éxito en el exterior, con una fuerte resonancia local.
Si el tono de la discusión no disminuye, en poco tiempo tendremos de ambos lados una herencia fatal de enconos que dificultará la búsqueda de entendimientos. Los problemas y asuntos bilaterales, en las relaciones entre los estados, no pueden resolverse con decisiones unilaterales, a menos que exista una clara intención de dominación de una parte sobre la otra. Aceptada esa realidad, sólo queda el camino civilizado del diálogo y la negociación como la más idónea de las fórmulas para la solución de los conflictos.
Hasta ahora, el país no ha sabido presentar argumentos sólidos ante la comunidad internacional en defensa o rechazo de las acusaciones sobre prácticas deshumanizadas contra la inmigración ilegal haitiana, lo que nos ha valido ya una vergonzosa condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo regular esas condenas traen consecuencias económicas y diplomáticas.
Los planteamientos dominicanos no pueden sostenerse sólo en el tema de a quién corresponde la obligación de asumir el costo de la recuperación económica haitiana.
La cuestión es mucho más grave que eso. Lo que está en juego con las denuncias de violación a los derechos de los ilegales haitianos es la posibilidad de que se nos considere como una nación de racistas, lo que sería inadmisible.
