Un impuesto a la corrupción

Como en amplios círculos se habla de una inminente reforma tributaria para equilibrar el presupuesto nacional y dado que si esa es la intención real del Gobierno nadie podrá evitarlo, me he permitido proponerle por este medio una solución alternativa al Congreso. Con ella se evitaría gravar más a los sectores productivos y afectar los ya mermados ingresos familiares, y garantizarle al fisco un ingreso adicional de más de 500 millones de dólares, para que siga la francachela.

Mi propuesta es la creación de un impuesto único del 27% a la corrupción. El cálculo de este gravamen equivalente al actual que se le impone al salario, a los ingresos de las personas y a las utilidades de las empresas, partiría de lo afirmado hace ya tiempo un después presidente de la República desde la tribuna de la oposición.

Entonces, se estimaba el costo de ese flagelo en unos 35 mil millones de pesos al año. Dado que teóricamente la corrupción crece pareja con la economía, el cálculo debería estar, conservadoramente, en cerca o más de 75 mil millones de pesos anuales. A la tasa actual del mercado cambiario, el cobro de ese tributo andaría por los 17,500 millones, que en un segundo año aumentaría por efecto de los anticipos. De manera pues que la incorporación a la economía formal de la malversación, el tráfico de influencias y otros delitos conexos, generaría recursos suficientes para evitar que la gula fiscal de los gobiernos continúe castigando los bolsillos de los contribuyentes.

El único problema radica en la oposición que probablemente la iniciativa encuentre en el Congreso y en influyentes instancias del Gobierno central, por aquella máxima marxista de que ninguna clase se suicida, a excepción claro está de la empresarial nuestra siempre afilando cuchillo para su garganta. Esa ley haría de la corrupción una aliada del progreso.