Una señora subió a la tarima de una protesta de la Marcha Verde para decir que el presidente Danilo Medina es un hombre bueno y no la dejaron terminar. Un diario digital reseñó que la golpearon con el palo de una bandera. Otro se refirió al hecho como una “provocación”. Igual dijeron comentaristas de la radio y la televisión.
El caso sugiere la pregunta: ¿Es justo que quienes ejercen el derecho de protestar contra lo que entienden hace mal el gobierno y acusar al presidente y sus colaboradores principales de corruptos y depredadores de las arcas nacionales, como ocurre en cada protesta, nieguen a su vez el derecho a quienes piensen diferente a expresar sus sentimientos?
Lo de la señora no es irrelevante. Una de las consignas de estas marchas es la de la tolerancia y la transparencia. Al impedírsele hablar hubo allí evidentemente un acto de inaceptable intolerancia, por un grupo que se define a sí mismo como paladín de los derechos humanos y las libertades civiles y de cuanto todo ello significa. Y acerca de la exigencia de transparencia, sería una muestra apreciable de ella si se informara quién o quiénes las financian, es decir, quién paga por los letreros, las tarimas, el alquiler de autobuses y los refrigerios que, según han dicho reportes de prensa, se distribuyen en las marchas.
No está claro quién maneja el formidable aparato de promoción del grupo en las redes y el laborioso equipo de comunicación de tiempo completo que llena las redacciones y los correos de comunicados y avisos. Tampoco se sabe la sede del movimiento y el autor de las proclamas, a veces impecablemente escritas. Mucho menos del o los cerebros, genios en el manejo de la opinión pública, que manejan esos hilos.
Los dominicanos no estamos acostumbrados a hacer preguntas y la mayoría prefiere aceptar cuanto se les dice. Pero yo no pienso cansarme de hacer las mías, aunque no encuentre respuestas.
