El Congreso carece de potestad para gastar su presupuesto en dudosas obras sociales que solo alcanzan a beneficiar a sus miembros. La Constitución es muy clara en cuanto a las funciones que les conciernen a ese poder del Estado. Su competencia es crear las leyes que organicen la vida institucional del país y vigilar las actuaciones del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna, que sus miembros aprobaron, condena la práctica de legislar en provecho propio, un concepto de observación obligada. Su violación, la práctica de auto aprobarse bonos por cualquier pretexto no es solamente insano sino sujeto a acciones legales.

Se ha llegado a saber que anualmente con motivo del Día de las Madres, para citar solo un caso, se han llegado a distribuir bonos por decenas de millones de pesos. La pírrica defensa de la acción de que se trata de una práctica vieja no es válida en sentido alguno, como tampoco lo es el que haya sido resultado de una decisión mayoritaria de sus miembros.

El hecho de que se trate de una práctica ancestral no le da legalidad y mucho menos la ingenua e infantil explicación de que la suma de los bonos se ha ido reduciendo, como si se tratara esta vez de un acto de honestidad y transparencia legal. Es desde décadas usual que cada año los legisladores de ambas cámaras se otorguen, del dinero público, bonos para el día de las madres, el de los padres, de los enamorados, de los santos difuntos y especialmente en Navidad. Pero ninguno me ha parecido más gracioso y ofensivo que los bonos para las habichuelas con dulce de Semana Santa.

De manera pues que lo menos que debería hacerse a partir de ahora es excusarse ante el pueblo que los eligió no para otorgarse irritantes privilegios.

Posted in La columna de Miguel Guerrero

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