El Congreso carece de potestad para gastar su presupuesto en dudosas obras sociales que solo alcanzan a beneficiar a sus miembros. La Constitución es muy clara en cuanto a las funciones que les conciernen a ese poder del Estado. Su única competencia es crear las leyes que organicen la vida institucional del país. Y la Carta Magna, que sus miembros aprobaron, condena la práctica de legislar en provecho propio, un concepto de observación obligada. Su violación, la práctica de auto aprobarse bonos por cualquier pretexto no es solamente insano sino sujeto a acciones legales.
Año tras año, la opinión pública es sacudida por informes de distribución de altas sumas a los congresistas como bonos del Día de las Madres, que este año se celebrará el domingo 29. Hay años que esa gracia le ha costado al país decenas de millones de pesos. La pírrica defensa de que se trata de una práctica vieja no es válida en sentido alguno, como tampoco lo es el que haya sido resultado de una decisión mayoritaria de sus miembros.
El hecho de que se trate de una práctica ancestral no le da legalidad y mucho menos la ingenua e infantil explicación de que la suma de los bonos se ha ido reduciendo, como si se tratara esta vez de un acto de honestidad y transparencia legal. Es desde décadas usual que cada año los legisladores de ambas cámaras se otorguen, del dinero público, bonos para el día de las madres, el de los padres, de los enamorados, de los santos difuntos y especialmente en Navidad. Aunque ninguno me parece más gracioso y ofensivo que el de los bonos para las habichuelas con dulce de Semana Santa.
De manera pues que ha llegado nuevamente la oportunidad de poner fin a una práctica viciosa y que el Congreso recuerde que su función es la de aprobar las leyes que el país necesita y no distribuirse graciosamente privilegios ilegales.
