Las muertes de tres personas mientras se encontraban detenidas en recintos policiales, ponen en entredicho los avances de la reforma policial y demandan un rápido esclarecimiento de parte de las autoridades, más allá de las dudas naturales que las versiones ofrecidas han creado en la población.
Esta sociedad abriga todavía grandes expectativas acerca de la propuesta presidencial para poner al cuerpo del orden público en sintonía con los avances que la nación ha tenido desde la caída de la tiranía de Trujillo, en 1961. Esfuerzos anteriores han encontrado dura resistencia a lo interno y externo de ese cuerpo, concebido como un órgano militar represivo desde sus mismas raíces y no como una institución de servicio público, garante y protectora de la seguridad ciudadana.
Todas las iniciativas de reforma policial emprendidas hasta ahora han tropezado con la resistencia que la esencia misma del organismo impone. El caso es que la estructura de la Policía es de naturaleza y esencia militar y preservar esa condición obstaculiza y frena la creación de un verdadero cuerpo guardián del orden y bastión de lucha contra la criminalidad y el desorden.
Todo lo que hasta ahora se ha conseguido es reemplazar el nombre de “jefe” por el de “director” del cuerpo, sin tocar su esencia militar, preservando los rangos de la oficialidad de los cuerpos militares. De manera pues que el director de la Policía sigue siendo su “jefe” y todos aquí sabemos qué significa eso.
Tradicionalmente, la institución policial ha sido un instrumento de represión ciudadana, de intimidación política y de atraso en el difícil camino hacia un estado de derecho y de garantía de las libertades ciudadanas. Las muertes no aclaradas de tres ciudadanos en recintos de ese cuerpo pueden hacer naufragar de nuevo una iniciativa loable y esperanzadora en la que cada día menos dominicanos creen.
