El discurso presidencial no dejaba abierta ninguna posibilidad de acercamiento. Cuando los policías haitianos registraron la Cancillería de la embajada, amenazaron a la secretaria Katia Mena, la única presente allí en ese momento. Los policías la sometieron a un interrogatorio. Contar ese episodio, afirmaba Bosch, “causa indignación”. Y decía que sólo un gobierno “salvaje, de criminales, es capaz de violar una embajada extranjera y de amenazar con fusiles a una dama que además es funcionaria de esa embajada. Esa acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto”.
En Washington, la OEA se movía para evitar un conflicto armado. Invocando poderes especiales, según el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, el organismo regional decide constituirse en órgano de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los veinte países miembros para buscarle una salida diplomática a la crisis. La votación es unánime, 16 a favor, dos abstenciones y nadie en contra. Haití reacciona ante las acusaciones dominicanas y anuncia el rompimiento de relaciones.
Mientras Bosch se dirigía a la nación, el ministro de Relaciones Exteriores Freites remitía un ultimátum a su colega haitiano, René Chalmers, reclamando una reparación e indemnización por las “ofensas y los riesgos” a que ha estado sujeta la representación dominicana en Haití. En caso contrario, “adoptaría con toda decisión, y a cualquier precio, las medidas necesarias para hacer respetar la dignidad y la soberanía de la nación dominicana”.
“Violaciones tan insólitas de normas de derecho internacional universalmente consagradas y reconocidas de manera especial por el Sistema Interamericano han dado lugar al más enérgico repudio de su gobierno”, agregaba la nota oficial de Freites.
