La crisis haitiana y sus implicaciones para la RD

Como resultado del encuentro sostenido el 14 de mayo de 2025 entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se acordó convocar un diálogo para tratar el tema que sirve de título al presente artículo, el cual debía realizarse en el seno del Consejo Económico y Social, órgano consagrado expresamente por el artículo 251 de la Constitución de 2010 como una instancia de concertación para construir y fortalecer permanentemente la paz social.

En cumplimiento de ese acuerdo el lunes de esta semana se reunió el Consejo Económico Social con el objetivo central de generar propuestas técnicas y políticas que sirvan de sostén al reforzamiento de la soberanía, la seguridad nacional y la cohesión territorial frente a la crisis que en el presente afecta al vecino país de Haití.

Para abordar la difícil problemática el Consejo Económico y Social consideró prudente constituir seis comisiones especiales que estarán encargadas de estudiarla desde ópticas específicas: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales.

Como puede apreciarse por el solo hecho de conocer las comisiones que han sido creadas, se está ante un problema complejo que exige ser examinado desde vertientes diferentes. Para comenzar, el migratorio, que dado el colapso del gobierno haitiano se ha traducido en un fenómeno creciente y permanente que compromete seriamente los servicios públicos esenciales, y muy principalmente las áreas concernientes a la educación y a la salud; a seguidas, el concerniente al comercio bilateral, pues en las medidas de control que necesariamente deben ser aplicadas surge la necesidad de preservar el intercambio comercial de larga data entre productores y consumidores de ambos lados de la frontera; y este último escenario conduce a la necesidad impostergable de fortalecer y desarrollar las comunidades fronterizas, generalmente afectadas por una pobreza severa y con tendencia a la despoblación, con baja cobertura de servicios básicos y altos niveles de vulnerabilidad.

La seguridad nacional no puede soslayarse porque Haití ha pasado a ser controlado por bandas criminales que siembran el terror entre sus ciudadanos y que generan un peligro para el país, especialmente por el tráfico de armas a través de la frontera; pero, concomitantemente con este tema debe necesariamente abordarse el de las relaciones internacionales, pues el colapso de Haití, que amenaza no solo a la República Dominicana, sino también a la región debe necesariamente ser abordado por la comunidad internacional, y ante ella deberá insistirse para lograr compromisos concretos y los recursos necesarios para impulsar la estabilización del vecino país; y, finalmente, el espinoso y acuciante tema de la mano de obra haitiana, de los trabajadores migrantes, tanto en el sector formal como en el informal de la economía, y que durante largos años ha sido un factor de encono nacional, pero también de causa de denuncias a nivel de organismos internacionales comprometidos con el trabajo digno y los derechos humanos.

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes la población de estos y sus descendientes en el país ascendía en 2017 a 847,979 personas, de las cuales 422,036, o sea, el 49.76% se encontraban ocupadas laboralmente, datos que son refutados por una parte de nuestros ciudadanos que estiman que son cifras que no se ajustan a la realidad, por ser mucho mayor el número de inmigrantes en los actuales momentos.

Lo que nadie puede negar es que la presencia de trabajadores migrantes de nacionalidad haitiana en la agricultura y ganadería es ostensiblemente visible. Están en la siembra y recolección del banano, del arroz, del café y del cacao, pero también en el corte de la caña, los ya tradicionales braceros que desde larga data han poblado nuestros bateyes y que sus condiciones de trabajo han originado advertencias y condenas de organismos internacionales.

Los llamados trabajos gruesos de la construcción hoy están en manos de los trabajadores haitianos, pero también están presentes, aunque en menor medida en el sector turístico, en la consejería de los lujosos condominios, y hasta en las compañías de seguridad privada.

¿Qué hacer? Esa es la respuesta que se espera del Consejo Económico y Social, que tendrá necesariamente que escuchar las quejas de los sectores productivos que reclaman la necesidad de esa mano de obra; pero también oír el reclamo de aquellos sectores que advierten que los dominicanos trabajarían en esas áreas si se les pagara mejores salarios y si se emprendiera un plan de mecanización con respaldo del gobierno en aquellas actividades que lo permitan.

De todos modos, es oportuno advertir, y ya lo he escrito en artículos anteriores de esta columna, que no habrá plan ni medida que resulte, si no hay voluntad política de combatir el lucrativo negocio del tráfico de personas en la frontera. Solo combatiendo a la mafia que comercia con el hambre y la miseria de seres humanos se podrá dar un respuesta eficaz y respetuosa de los derechos humanos a esta grave situación.