“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.

Albert Camus

“Probar que tengo razón sería aceptar que puedo estar equivocado”.

Beaumarchais

El 16 de julio, mientras la Comisión investigadora designada por el Consejo de la OEA partía de Washington con destino a Caracas, el Presidente Betancourt hizo su primera aparición pública por televisión para desmentir los insistentes rumores, alentados desde Ciudad Trujillo, acerca del empeoramiento de su salud.  Habían transcurrido ya veintidós días desde el atentado y el clima de tensión creciente con la República Dominicana se encontraba en su punto más ardiente.

A pesar de los esfuerzos desplegados desde Miraflores para preservar un ambiente de normalidad en la vida nacional, no obstante el estado de emergencia declarado a raíz del intento de asesinato del 24 de junio, la intensa campaña de desinformación procedente de la capital dominicana estaba haciendo mella en la moral y el ánimo de muchos venezolanos. Desde “La Voz Dominicana” se difundían diariamente informaciones sobre conspiraciones militares y soterradas luchas de poder, supuestamente ante una inminente muerte del Presidente a causa de las heridas sufridas en el atentado.  La prensa dominicana estaba diariamente llena de este tipo de comentarios y muchas de esas versiones habían encontrado eco en las agencias internacionales que las difundían por todo el Continente.  Este caudal de información falso contribuía a incrementar el efecto de la industria de rumores que Trujillo había logrado implantar en Venezuela.

Los cargos graves de “agresión” e “intervención” que el Gobierno había presentado contra el régimen de Trujillo ante la OEA, estaban siguiendo un curso rápido que alentaban esperanzas de una victoria diplomática resonante.  Pero la labor de socavamiento político en que estaba empeñado el dictador estaba dando sus frutos.  Muchos venezolanos parecían escépticos frente a las seguridades ofrecidas por los boletines oficiales emitidos por Miraflores respecto a la positiva evolución de la salud del Presidente.  El país entero se hallaba en calma, las medidas de seguridad estaban siendo reducidas al mínimo, pero eso no parecía ser suficiente.  La gente dudaba y temía seriamente por la posibilidad de un golpe militar o por los efectos de un eventual fallecimiento del Jefe del Estado.

Trujillo no cesaba ni escatimaba esfuerzos por minarle el terreno a su rival.  La acción estaba dirigida también a desvirtuar los objetivos de la iniciativa diplomática venezolana en su contra, presentándola como una gestión más para atenuar las presiones internas.  El objetivo de Trujillo, mientras la OEA se entregaba al estudio de las graves acusaciones venezolanas, era el de presentarlas como un intento de desviar la atención internacional de las causas verdaderas del atentado que, según él, no eran más que el fruto de las duras rivalidades que afectaban al Gobierno de la nación sudamericana.

Ese era el real propósito de la campaña emprendida a través de la estación oficial y el diario El Caribe a comienzos de julio responsabilizando del atentado de la Avenida de Los Próceres al derrocado ex dictador Pérez Jiménez, exiliado en Miami.  En su edición del 3 de julio, El Caribe destacaba en primera página un despacho fechado en Caracas, atribuido a un enviado “especial”, sin la firma de ninguna agencia informativa reconocida, acusando a Pérez Jiménez de ser “el dirigente principal del atentado”. La nota, retransmitida al exterior por corresponsables extranjeros, decía que al enterarse del fracaso del acto criminal, el ex dictador dijo que “no sería el último”.  Pérez Jiménez, según el despacho apócrifo, estaba “en contacto con miembros de los partidos políticos”.

La información era un invento de la más fértil imaginación periodística, pero en Ciudad Trujillo confiaban en que dentro del marco de confusión reinante en Venezuela alguna suerte de resultado podía esperarse de ella.  Se acusaba, por ejemplo, al cónsul venezolano en Miami de ser cómplice del atentado, en cuya residencia se habría celebrado una gran fiesta la misma noche de la acción terrorista.  La información citaba por sus nombres a presuntos cómplices, algunos de los cuales, se creía, correspondían a personas allegadas al ex dictador, lo que daba visos de veracidad a todo el tinglado.

Por supuesto, la OEA no le concedió importancia a la información y en Miraflores la recibieron como un intento más de dispersión propagandística de Trujillo.  Pero la campaña persistió llegando a sembrar dudas en amplios círculos de opinión, ante la falta de información, no obstante los frecuentes partes médicos, sobre el estado en que se encontraba el Presidente.

Un editorial de El Caribe del 11 de julio, titulado “Un régimen que se derrumba”, constituía un ejemplo típico de esa campaña: “A pesar de las múltiples precauciones que adopta el Gobierno de Venezuela para que no se filtre al exterior la sensación de la verdadera realidad del país, las emisiones radiales, lo que puede leerse entre líneas de las noticias cablegráficas transmitidas por las agencias informativas parcializadas a favor de Betancourt y las informaciones de los viajeros y turistas, denuncian la turbulencia, la incertidumbre y el azar que está viviendo ese país bajo el peso de la cuadrilla politiquera que practica la exacción y el latrocinio y que ha sembrado por todas partes la corrupción”.

Venezuela, según el editorial, explotaría muy pronto.  “Es casi seguro” añadía, “que Betancourt quedará inválido e incapacitado para continuar su acción destructiva.  Y si hasta ahora no se ha hecho conocer el verdadero estado de salud, es porque, como decíamos el otro día, a la sombra de su carroña sigue gobernando la horda que despedaza al pueblo.  El día que se sepa la verdad (la inevitable muerte de Betancourt) Venezuela saltará como un volcán…”

Es en medio de esa campaña de rumores que Betancourt, todavía no del todo repuesto de las heridas, decide hablarle directamente al país la noche del 16 de julio.  Con las manos vendadas y las huellas de las quemaduras visibles aún en su rostro, contradiciendo las recomendaciones de sus médicos, el Presidente se dirigió al país desde su despacho de Miraflores.  El discurso fue más una apelación a la concordia que una condena a su agresor.  Y buena parte del texto, leído ante las cámaras, estuvo dedicado a analizar la situación económica y las perspectivas de la nación a corto plazo.

Al abarcar diversos asuntos, alejando la parte central del tema del atentado, el Presidente proyectó una situación de normalidad más efectiva que cuantas habían podido lograr todos los boletines médicos sobre su buen estado de salud y todas las medidas adoptadas desde diversos ministerios para devolver la tranquilidad al ánimo público.

“Hubiera sido mi deseo comparecer ante las cámaras de televisión menos descalabrado de lo que estoy aún, pero me llegaron tantas versiones de la calle, que consideré conveniente darle a los venezolanos la oportunidad de apreciar cómo el Presidente que eligieron está en plenitud de sus facultades mentales y en franco proceso de recuperación física”, fueron sus primeras palabras.  Luego se refirió a la ola de rumores sobre su incapacidad para seguir gobernando.  Aún en ese momento dramático, el Presidente hacía alardes de buen talante y humor: “Se corrió la versión de que estaba ciego o tuerto”, dijo, “y de que sería necesario traer misteriosamente a un especialista de los Estados Unidos.  En realidad tuve, a consecuencia de lo sucedido el 24 de junio, un derrame en el ojo derecho que ha sido atendido no por un médico extranjero, sino por el doctor Francisco Ramírez, un llanero de Zaraza”.

Betancourt aseguraba estar bien de la vista y de hecho bastaba mirarle leer el texto de su discurso para comprobarlo. “Ya estoy en franco proceso de recuperación de mi vista.  Lo mismo sucedió con respecto a los oídos. Corrió la versión de que estaba sordo. Lo que tuve fue una inflamación y perforación de un tímpano, muy lógica y muy explicable, pero oigo perfectamente bien”.

Para despejar cualquier vestigio de duda enumeró otras de las dificultades sufridas a causa de la explosión. “Con respecto a mis otras dolencias”, expresó, “me las han atendido excelentes, preocupados y abnegados médicos venezolanos, quienes han rodeado mi lecho de enfermo”. A continuación mencionó a todos los médicos que habían estado participando en su tratamiento, incluyendo aquel “a quien a veces me ha hecho sufrir un poco, tomándome la sangre en las venas del pie porque no era posible en las del brazo”.

Lo importante era que, según creía el Presidente, “en la próxima semana ya me descubrirán las manos y el diagnóstico es que estoy en perfectas condiciones de salud y dentro de muy pocos días podré reasumir a plenitud mis funciones de Jefe de Estado, funciones que he venido cumpliendo manteniendo contacto con los ministros, manteniendo contacto con personalidades de los distintos sectores de la vida venezolana, inclusive entrevistándome con embajadores de países extranjeros”.

Betancourt apelaba al sentimiento de solidaridad del pueblo invitándole a permanecer unido en momentos tan difíciles; diciéndole la importancia de aprovechar lo sucedido para extraer lo positivo, en atención al viejo refrán según el cual “no hay mal que su bien no traiga”.

En su opinión, el atentado del 24 de junio “ha hecho meditar y ha hecho pensar cómo son todavía poderosos los enemigos de la marcha de Venezuela hacia el logro de su estabilidad institucional dentro de un régimen democrático”.  El Presidente reveló que desde el atentado a la fecha se habían producido conversaciones y entendimientos entre los partidos “y estoy seguro de que esos entendimientos, esos acuerdos, esas conversaciones darán un resultado positivo”.  Tras reiterar su decisión de permanecer firme en la Presidencia hasta el último de los días para el que se eligió, Betancourt dijo que los hechos posteriores al atentado servían para demostrar la lealtad de los mandos militares al poder civil.

“Hay grupos, grupillos e individualidades políticas que pretenden hacer capital electoral atacando a las Fuerzas Armadas, y convirtiéndose en descubridores de complots”, se quejó el Presidente.  “Si fueran realmente leales con el régimen constitucional debieran acercarse a las autoridades para denunciar a aquellos oficiales que están conspirando”.

Explicó que tan pronto retornó a Miraflores, la noche misma del atentado, se reunió con el Alto Mando Militar. “Fue una reunión casi de carácter rutinario.  Y allí no hice sino comprobar cuanto ya sabía: que el atentado tenía conexiones con estos o aquellos oficiales subalternos, pero que el control de las Fuerzas Armadas está en manos del ministro de la Defensa, de las Comandancias de las Cuatro Fuerzas y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República”.

Ni una sola palabra fuera de tono contra el responsable de la agresión en su contra.  Toda referencia a Trujillo, sin mencionarlo, se resumía en el párrafo siguiente: “En el aspecto internacional se ha demostrado una cálida solidaridad de los gobiernos de América con el Gobierno de Venezuela.  En el Consejo de la OEA fue aprobada por unanimidad, a petición de Venezuela, que se congreguen los Cancilleres de América en una reunión de consulta para dictaminar cuáles medidas van a adoptarse contra el Gobierno dominicano, cuyo jefe está directamente comprometido en el atentado del 24 de junio.  He dicho al respecto palabas claras, precisas, meditadas y definitivas: si la OEA no adopta las medidas que signifiquen en los hechos la erradicación de ese foco de perturbación en el Caribe, Venezuela, por sentido de dignidad nacional, aplicará unilateralmente las sanciones del caso”.

A seguidas, el Presidente pasó a analizar la situación económica en que se encontraba el país.

El discurso de Betancourt constituyó otra evidencia notable de que la campaña de desinformación lanzada por Trujillo había calado en sectores venezolanos.  En las investigaciones para esta obra descubrí, revisando los archivos del Palacio Nacional y papeles de la Cancillería correspondientes a aquella época, que la noticia publicada por El Caribe en relación a la implicación de Pérez Jiménez en el atentado había sido un montaje, una invención de las autoridades dominicanas.  Entre los papeles que tuve en mis manos encontré una copia exacta del original del despacho publicado por El Caribe. Era una nota escrita a maquinilla, con las iniciales del empleado que la transcribió y una firma, en la parte superior de la primera cuartilla, autorizándola.  Esta información, que fuera fechada en Caracas y atribuida a un enviado “especial”, fue nada más y nada menos que escrita en el Palacio Nacional de Ciudad Trujillo.

Como quiera que fuere, el discurso presidencial apaciguó los ánimos y eliminó las dudas. Contrariamente a como se hacía creer a los dominicanos, a través de los medios de comunicación controlados por el Gobierno que funcionaban en el país caribeño, los venezolanos estaban con su Presidente en esa hora de prueba.

Lo mejor y más contundente de las evidencias la constituía el enormey creciente caudal de telegramas, cartas y comunicados de respaldo al Gobierno y de repudio al atentado, que seguían colmando los escritorios del Palacio de Miraflores.  Aún los habituales críticos de la gestión de Betancourt le expresaban su solidaridad en circunstancias tan delicadas.  Los diarios venezolanos aparecían llenos de artículos y editoriales elogiando el discurso del 16 de julio.  A partir de esta primera comparecencia del Presidente por radio y televisión, la campaña de desinformación proveniente de Ciudad Trujillo comenzó a perder efecto.

 Trujillo, sin embargo, no abandonó su esfuerzo.  Todavía el 26 de julio, diez días después de la aparición pública de su rival, que había puesto fin a todas las especulaciones internacionales sobre su estado de salud, el periódico El Caribe seguía insistiendo en la enfermedad del mandatario.  Al diario le mereció primera página, un breve despacho de The Associated Press fechado en Bogotá dando cuenta de un comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciando el aplazamiento de una entrevista entre los presidentes Betancourt y Alberto Lleras Camargo.  La entrevista debía realizarse sobre el puente fronterizo entre Cúcuta y San Antonio, Táchira.  El comunicado expresaba que el Gobierno venezolano comunicó que el dictamen de los médicos de Betancourt indicó la “inconveniencia” de este viaje en los próximos días.  La noticia le permitió al periódico dominicano el siguiente y llamativo titular: “Rómulo sigue incapacitado”.

El escueto parte informativo motivó también un especulativo comentario editorial del diario, que ese mismo día señaló: “Por más que se haya publicado alguna fotografía de Rómulo Betancourt después del atentado que estuvo a punto de matarlo, es un hecho cierto que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el estado de su salud.  Esa fotografía lo muestra de perfil, con las manos vendadas y en una actitud vaga y perturbada, lo cual indica que por lo menos parte de su físico, la que quedó enfrente del objetivo, resultó intacta o se ha recuperado de los daños sufridos en la explosión del 24 de junio. Pero nada se ha dicho sobre su recuperación mental, después de la conmoción o shock sufrido a causa del peligro que corrió, de la voracidad del fuego que le lamía las manos, del sacudimiento de la explosión”.

Evidentemente, para la propaganda trujillista el discurso del 16 de julio contaba poco.

A finales de julio, un hecho de sangre ocurrido en Caracas vendría a quebrar el sentimiento de unidad nacional que parecía dominar la vida política del país desde el intento de asesinato del Mandatario.  El incidente, que nada tenía que ver con el conflicto domínico-venezolano, pareció debilitar por momentos el respaldo unánime de que gozaba el Gobierno, amenazando, a su vez, el apoyo de, por lo menos, un miembro de la OEA en el futuro debate de las acusaciones contra Trujillo.

El 27 de julio se anunció en Caracas la muerte a tiro, por una patrulla policial, de Andrés Cova, de nacionalidad cubana, líder del movimiento revolucionario castrista en Venezuela. Según los primeros informes, Cova había sido muerto de cinco disparos cuando aparentemente se resistió a ser detenido, en ejecución de una orden judicial.  La orden de arresto en su contra había sido expedida después que la filial venezolana del Movimiento 26 de julio, organizara en Caracas una concentración que degeneró en disturbios con saldo de un muerto y por lo menos trece heridos.

La noticia se expandió rápidamente por todo el Continente y ese mismo día la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba protestó en La Habana en términos que la prensa oficial dominicana desplegó con grandes titulares.  Los estudiantes cubanos, al condenar lo que calificaban de “vil y cobarde asesinato”, instaban al Presidente Betancourt a olvidarse “de sus pueriles polémicas con Trujillo ante la Organización de los Estados Americanos” para que pudiera “aclarar ampliamente este suceso, que costó la vida a un ciudadano digno y ejemplar que se creía seguro en su patria adoptiva”.

Las críticas contra Betancourt no provinieron solamente de fuentes cubanas.  También la prensa venezolana se hizo eco de fuertes ataques en su contra por este hecho, que la mayoría de los diarios caraqueños caracterizaban como un crimen.  Las más duras críticas eran de los grupos estudiantiles universitarios y del Colegio de Periodistas, dominados por la izquierda pro-castrista.  Un columnista del vespertino Prensa Libre atacó abiertamente a Betancourt afirmando que estaba dedicado “a un juego peligroso”.

El “asesinato”, a juicio de los estudiantes universitarios, era muestra evidente de las actividades que “libre y descaradamente” estarían desarrollando “elementos batistianos” y otros grupos contrarios a la justicia revolucionaria cubana.  A consecuencia de la muerte de Cova, a los mensajes de felicitación y apoyo que llegaban a Miraflores comenzaron a agregarse otros cuyos términos no podían resultar muy agradables al Gobierno.

El curso, en nada favorable para el gobierno dominicano, de la acción diplomática venezolana en la OEA, indujo a Trujillo a enfrentarse directamente a la opinión pública internacional.  Echando a un lado su aversión a conceder entrevistas a corresponsales extranjeros, el Generalísimo aprovechó la presencia de los comisionados de la OEA en la capital del país para responder preguntas del enviado de la UPI, Henry Raymont.

Trujillo comenzó la entrevista negando toda complicidad con el atentado de la Avenida de Los Próceres y vinculación con militares o ex militares venezolanos. “No he tenido relación alguna con los acusados del atentado.  No los conozco y a quienes no se conoce no se les puede hablar”, dijo, para desmentir la acusación de que se había reunido con las personas acusadas en Venezuela de haber cometido el acto terrorista.

Repitiendo los alegatos de la defensa dominicana en la OEA dijo que “ningún avión aterrizó o salió (de la base militar de San Isidro).  Tenemos los manifiestos de los aeropuertos para probar que los supuestos vuelos (de aviones) venezolanos nunca llegaron en esas fechas o en cualquier otra fecha”. Más adelante insistió en que el complot contra Betancourt era un asunto estrictamente interno del cual nada sabían o tenían que ver los dominicanos.

 Raymont cita a Trujillo diciendo que Betancourt utilizaba el atentado sufrido el 24 de junio para cubrir una situación explosiva en su país y para “dar salida a su odio patológico contra mí”.  Y resaltaba en su versión de la entrevista que a pesar de que Trujillo reafirmaba no retribuir tal odio contra Betancourt se refería a éste “en términos despectivos”.  En respuesta a preguntas del corresponsal sobre los cargos presentados por Venezuela, dijo no abrigar dudas de que el Gobierno de ese país “continúa organizando un movimiento para derrocar” el régimen dominicano.

Gran parte de la entrevista giró sobre las acusaciones de que se había visto en dos oportunidades con los acusados del atentado.  Trujillo respondió diciendo que no conocía a otros venezolanos como no fuera a los diplomáticos que habían sido legítimamente acreditados ante el Gobierno del país previo al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos Estados.  Mencionó específicamente a Luis M. Chafardet Urbina, el último embajador del depuesto dictador Marcos Pérez Jiménez.

 Raymont habló también en la antesala del despacho de Trujillo con Chafardet Urbina.  En la crónica que transmitió la agencia de la entrevista con Trujillo, y que El Caribe destacara en primera página el 31 de julio, el ex diplomático es citado admitiendo francamente que él ha “conspirado y continuará conspirando” contra Betancourt.

 Finalmente, el Consejo de la OEA aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio, la fecha y sede de la reunión del Órgano de Consulta encargada de decidir sobre las acusaciones venezolanas, ahora reforzadas por el informe de la Comisión investigadora que encontró al Gobierno dominicano culpable de colaborar con los acusados de haber planeado el asesinato del presidente venezolano.

La resolución fijaba para el 16 de agosto en San José, Costa Rica, el inicio de la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.  En la misma sesión, el Consejo aprobó también el Informe de la Comisión de Reglamento del Consejo y de la Unión Panamericana para regir dicha reunión, con lo cual se daba el último paso hacia la fase crucial del proceso.

Mientras se aceleraban los preparativos de esta histórica cita de Cancilleres, Trujillo hizo un último intento por desviar el curso de la acción diplomática.  El 9 de agosto, el embajador Díaz Ordóñez entregó al presidente del Consejo, Sánchez Gavito, una comunicación del Canciller Herrera Báez solicitando una investigación nueva, esta vez sobre actividades del régimen venezolano.

“El Consejo de la Organización de los Estados Americanos debería designar una comisión de plenipotenciarios”, pedía Herrera Báez, “para investigar la irresponsable insinuación que se ha hecho en los medios oficiales venezolanos en el sentido de que los participantes en los alegados planes terroristas que acaban de descubrirse en Caracas contaban con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana.  Esta investigación denunciaría la tendencia favorita del Presidente Betancourt de explicar la creciente oposición contra su régimen, que se manifiesta esporádicamente en brotes subversivos y conspiraciones, en causas fuera de Venezuela cuando el único origen de esas dificultades radica en la incapacidad de su régimen para resolver los agudos problemas sociales y económicos que afectan ese país”.

 Se trataba, obviamente, de un estéril y desesperado intento por evitar lo que a todas luces le venía encima al gobierno dominicano.  El marco de discusión estaba ya preparado en San José.  Mientras, crecía la impresión de que el informe de la Comisión investigadora de alguna forma influiría en la marcha de los debates en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.  Si esto ocurría así, era obvio que las posibilidades de Trujillo de salir airoso de esta prueba difícil eran, de antemano, muy reducidas.

Los antecedentes en la organización no le conferían muchas oportunidades al dictador dominicano.  En la primera conferencia reunida en Bogotá en 1948, se había discutido ampliamente el tema de la defensa y preservación de la democracia en América. Tras prolongados debates se aprobó la resolución 32 condenando en nombre de los derechos de gentes la violencia en la vida pública de las naciones del Continente de cualquier presencia extranjera.  Igualmente en aquella oportunidad se hizo constar la franca condena de todo sistema tendente a suprimir los derechos políticos y civiles.

  Tres años más tarde, en la Cuarta Reunión de Consulta de Cancilleres, celebrada en Washington, se volvió a discutir el asunto.  En dicha oportunidad se planteó en la resolución octava la adopción de medidas necesarias para desarraigar o impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros encaminados a subvertir por la violencia las instituciones de los países miembros, o dirigidas a fomentar desórdenes internos o a perturbar, mediante el empleo de propaganda subversiva, amenaza o cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse por sí mismo de acuerdo con las aspiraciones democráticas.

La Carta de la OEA y el Tratado de Río de Asistencia Recíproca establecen claramente los procedimientos a seguir cuando peligra el orden constitucional de un país por interferencia de otro. En fin, el ordenamiento jurídico de la OEA está diseñado para asegurar y defender la paz hemisférica.  Las crecientes tensiones en el Caribe parecían ahora poner esa paz bajo amenaza.  Si estos antecedentes prevalecían en la próxima reunión de San José, difícilmente el Gobierno dominicano podría librarse de una resolución condenatoria.

Mientras se aproximaba la fecha de la reunión las especulaciones tendían a dominar los distintos escenarios de la organización.  La preocupación externada por algunos medios en la OEA giraba alrededor de la posibilidad de que ella pudiera resultar erosionada como resultado de la decisión que la cita de San José adoptara, cualquiera fuera el tono de la misma.

 Los sentimientos nacionales envueltos en el conflicto eran demasiado fuertes.  Dos países, con ejércitos bien dotados y capacidad para dañarse mutuamente, se encontraban al borde una confrontación.  Sólo la reunión de Cancilleres convocada para mediados de agosto en la capital costarricense, estaba ahora en capacidad de evitar un choque armado entre las partes.

Tal vez nada reflejara mejor el tono de ese ambiente de tensión, como el comentario difundido por Radio Caracas, captado y transcrito por la Estación Monitora que el coronel Abbes García enviaría de inmediato al despacho del Generalísimo:

 “La Organización de Estados Americanos tiene ahora la mejor oportunidad para probar su eficacia y asegurar su prestigio; si no cumple su deber, no quedará otra solución que considerarla inútil, y por consiguiente abandonarla”.

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