La sociedad todavía está bajo la conmoción del crimen que segó la vida de Donelly Joel Martínez, un adolescente de 12 años que recibió dos disparos de un agente policial durante el desfile de carnaval en Santiago, el pasado domingo.

El hecho, además de la impotencia que generó en la sociedad, trae de nuevo al debate el manejo inadecuado y la brutalidad de los agentes de la Policía.

Aún bajo el shock de lo ocurrido con Donelly, llega la infausta noticia de la muerte de Esmeralda Richiez, una adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en Higüey, La Altagracia, según las versiones preliminares, intentó practicarse un aborto y la escena da cuenta de la cama enchumbada de la sangre de la joven y de su cuerpo en un charco de sangre en el baño.

Según las primeras informaciones, Esmeralda habría tenido una relación con el profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, de 35 años, que está bajo arresto del Ministerio Público, como principal sospechoso de la muerte de la adolescente.

El triste caso de la jovencita, vuelve a traer al debate otro tema recurrente, la relación de menores de edad con adultos que les llevan más de cinco años. Ese tipo de relación es tipificado como abuso sexual en el Código del Menor.

Si se confirma que Martínez tenía una relación con una estudiante a la que le duplica la edad; que además cometió el crimen de inducirla a abortar, prohibido en la Constitución dominicana, y que eso a su vez le provocó la muerte, es un hecho grave que de haberse aprobado las modificaciones al Código Penal, podría aplicarse el cúmulo de penas contemplado en la pieza en discusión.

Lamentablemente, la muerte de dos adolescentes, en circunstancias muy distintas, pero absurdas, ponen de nuevo en el debate dos temas que son una deuda social, la brutalidad policial y las relaciones entre adultos y menores de edad.

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