El caso de La Vega, sin que haya sido el objetivo, se ha convertido en una especie de ensayo que define al PRM, su gobierno y la batalla por la candidatura del 2028.
Es obvio que no hubo un plan desde el punto de vista político y legal para la renuncia de Kelvin Cruz y Amparo Custodio y su posterior sustitución. Lo mismo que ocurre con hechos como la reforma fiscal que, al parecer, solo hubo un plan A y que nunca se pensó en una propuesta de selección múltiple (A, B y C), un ejercicio simple que se aplica en las evaluaciones académicas.
El problema que se creó el PRM es más difícil de resolver que lo que se ve a simple vista. En caso de que el PRM acepte lo que dice la mayoría, que la salida es hacer nuevas elecciones. ¿Cómo escogerá el PRM su nuevo candidato a la alcaldía de La Vega?
Tendría que embarcarse en unas primarias, una asamblea de delegados, encuestas o nombrarlo por el dedo en la Dirección Ejecutiva. Este último ejercicio ya se hizo. Salió mal porque el paso siguiente sería que el presidente Luis Abinader designaría mediante decreto al sustituto de Kelvin Cruz, lo que evidentemente no ocurrirá ante las advertencias al gobernante y el hecho de que se le observa alejado de ese conflicto.
De los precandidatos que tercian para el 2028, Yayo Sanz venció en ese primer round, pues el elegido fue Agustín Burgos, que lo apoya. Pero tanto Burgos como Yayo prefirieron salirse del lío de La Vega, que tanto daño ha causado a la imagen del PRM.
El sector de Carolina en La Vega, que tiene buenos representantes, se abstuvo desde el principio y prefiere hacer críticas soterradas, que de paso afectan a dos de sus competidores para el 2028.
En la batalla quedó solo David Collado. Y fue su sector político el que promovió dejar sin efecto la renuncia de Amparo Custodio y nombrar a los nuevos funcionarios.
Se sabe que ese sector del PRM ejerce la política a modo de capricho, que cuando se le antoja algo, hay que complacerlo, sí o sí.
Por ahí vienen los recursos de la oposición ante los tribunales para anular la juramentación de Amparo Custodio y otros funcionarios de la alcaldía. Será un buen caso para medir la cacareada independencia de la justicia en tiempos del PRM.
