La JCE optó por mantener el enfrentamiento con la mayoría de los partidos políticos que no están de acuerdo con el criterio del órgano sobre la aplicación de la reserva del 20% de las candidaturas, se haga por nivel de elección en lugar que sea nacional, como aspiran la mayoría de las organizaciones políticas.
La JCE no solo falló en el fondo, también erró en la forma en que condujo ese proceso. Los miembros hicieron público un borrador sin previa consulta con los partidos políticos en una audiencia pública. Ese mecanismo de la JCE fijar su criterio sin que antes escuche a los partidos políticos, es erróneo.
Tienen razón algunos dirigentes de considerarse irrespetados por el órgano, pues la rapidez con que decidió luego de vencido el plazo para que opinaran sobre el borrador de la resolución, parecería que solo trató de cumplir un requisito.
Aunque, el tema estuvo antes en debate y hay un documento depositado por varios partidos el 19 de abril pasado.
Ojalá reconsidere ese método de trabajo para futuras decisiones, de lo contario se expone a nuevos conflictos con los partidos políticos, lo que no es positivo ni para la JCE, ni para los partidos ni para la credibilidad del proceso.
Lo que esconde la decisión de la JCE es un gran efecto político. Resulta demoledora para los fines de alianza que impacta básicamente a los partidos de oposición porque el PRM, que respalda la decisión de la JCE, no tiene ese problema debido a que cuenta con el gobieno y puede dar premios de consolación a los que no alcancen candidaturas reservadas.
De paso, el PRM resuelve el problema de la reserva de candidaturas que habría prometido a dirigentes de oposición que han pasado al partido de gobierno.
Hay que ver que hará ahora la oposición. Ya el PLD advirtió que no acatará la decisión y que trabajará con base en el 20% con criterio nacional. Habría que observar si los demás partidos hacen lo mismo. Si más de 20 partidos que se oponen a la decisión del órgano accionan de manera conjunta en una misma dirección, la JCE tiene que prepararse para enfrentar un problema de ingobernabilidad. Con más de 20 partidos en contra, es imposible que ese órgano pueda conducir con éxito el proceso electoral.
