Ojo al TC

La composición del actual Tribunal Constitucional que, cuando concluyó la renovación se dijo que había primado la tendencia conservadora, en los hechos ocurre lo contrario, sus sentencias atentan contra los valores que sustentan al pueblo dominicano. En menos de un año, el órgano ha emitido al menos tres sentencias que deben mover a preocupación.

Se trata del fallo que pone una camisa de fuerza al Congreso para que máximo al 11 de diciembre de este año apruebe la modificación al Código Procesal Penal, cuya redacción atenta contra el Estado de derecho, según la Finjus y juristas con crédito moral; la sentencia 788-2024 sobre candidaturas independientes, que atenta contra el sistema de partidos políticos y la última, la 1225, que anula los artículos de la ley que sanciona la homosexualidad a lo interno de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una agresión innecesaria a los valores cristianos que caracterizan al pueblo dominicano.

Recientemente, la jueza Sonia Díaz planteó modificar la Constitución para permitir el voto de policías y militares. Igualmente, hay varios recursos de inconstitucionalidad sobre el nuevo Código Penal, que mantiene la penalización del aborto. No debería sorprender un fallo de esa corte despenalizando el aborto, a pesar de que la Constitución de la República establece la garantía de la vida desde la concepción hasta la muerte.

Sobre ese tema, llama la atención que sectores que históricamente se habían opuesto a la penalización del aborto hicieron silencio cuando el Congreso, con mayoría calificada del PRM, no cumplió la promesa de campaña de aprobar el aborto en tres circunstancias. El silencio sospechoso de esos sectores, justifica las dudas que la ciudadanía pueda plantearse en el sentido de que el partido de gobierno que eligió a los nuevos jueces, le haya prometido una sentencia del Constitucional favoreciendo el aborto en el país.

El Tribunal Constitucional, una institución que en menos de diez años ganó respeto y prestigio, y se convirtió en la institución de mejor reputación en el país por sentencias que respaldan los valores democráticos, la identidad y estabilidad de la nación dominicana, muestra signos de preocupación porque sus veredictos, lo distancian de los valores esenciales del pueblo dominicano.