El tiempo es el mejor juez, reza un refrán popular que se repite con frecuencia, porque se encarga de poner cada cosa en su lugar, a veces, incluso, resulta implacable. En estos días hay varios casos de hechos de ese tipo. La sentencia que declara inconstitucional el voto automatizado (voto electrónico) se encargó de tapar la boca de voces locas que, a pesar de todo lo ocurrido, pretendían convencer a alguien que ese sistema podría aplicarse de nuevo aquí.
Antes, la JCE encabezada por Román Jáquez, se encargó de dejar claro que no inventaría y propuso un sistema de votación y conteo manual, el modelo tradicional que ha dado resultados. Esa misma propuesta plantea el uso de escáneres comprados en el 2016 cuando la JCE estaba dirigida por Roberto Rosario. Ese hecho, unido a que esos mismos equipos fueron utilizados para salvar los procesos electorales del 2020, en marzo y julio, reivindica a Rosario.
El expresidente de la JCE fue objeto de una campaña bestial en las elecciones del 2016 que terminaron embarrando su paso por el órgano electoral a pesar de encabezar una gestión que transformó la JCE tanto en el sistema electoral como el registro civil. No es que Rosario fuera perfecto como cabeza de esa institución, ni tampoco fue apropiado involucrarse en el uso de los equipos en el 2016 sin tiempo suficiente, lo que dio espacio al descrédito.
Para las elecciones del 2016 se alegó un supuesto fraude que no se sabe para qué se haría. Las encuestas mejor acreditadas, Gallup, Pen y Greenberg, vaticinaron un triunfo con más del 60% para Danilo Medina y el PLD y así ocurrió en las urnas, pero los dirigentes del PRM hicieron protestas frente a la JCE alegando fraude. Para el 2020, esas mismas firmas vaticinaron el triunfo de Luis Abinader y el PRM con más del 52% y así pasó en las votaciones. Entonces, ¿por qué en 2016 hubo fraude y en 2020?
Lo que dio crédito a las denuncias contra Rosario es que antes de ocupar el cargo fue dirigente del PLD. Ese mismo hecho le da la razón al presidente Luis Abinader, cuando ha dicho que los dirigentes de los partidos no deben ir a la JCE. En un país donde nadie pierde, un dirigente político es la excusa perfecta para alegar fraude.
