La pasada semana el Senado aprobó en primera lectura, de forma unánime, el nuevo código penal que regulará de ahora en adelante el ejercicio de la justicia en nuestra nación. En la legislación se dejan fuera las tres causales, frenando el intento de algunos sectores de legalizar el aborto bajo esos alegatos.
Desde hace más de veinte años se han realizado ingentes esfuerzos en el Congreso para aprobar este código. A pesar de que se habían presentado anteproyectos muy modernos y actualizados, siempre el tema de las tres causales era el obstáculo para que no se aprobara o, en caso de ser aprobado, que el presidente de turno lo objetara, debido a las protestas de algunos sectores y de la embajada de los Estados Unidos, que impulsaban la aprobación del aborto encubierto en las causales, a pesar de que eso viola la constitución de la República.
Todo apunta a que en en esta ocasión las cosas serán diferentes y se aprobará, por fin, el código penal.
Existen dos condiciones que nos llevan a hacer esa afirmación. La primera es que, fruto de un acertado trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el del Senado, Ricardo De los Santos, la mayoría de los legisladores de los tres partidos principales entendieron que lo más conveniente es que se apruebe el código sin las causales y que ese tema sea discutido en otra ley definida para el caso.
La segunda condición especial es que en esta oportunidad, fruto de la posición que tiene el gobierno de Donald Trump ante la agenda LGTB y el aborto, la embajada de EE.UU. no está haciendo lobby para que se aprueben las tres causales. Sin esa presión nuestros legisladores tienen toda la libertad de actuar en base en su conciencia y su convicción cristiana, defendiendo la vida desde “la concepción hasta la muerte”, tal y como establece la Constitución en su artículo 37.
A pesar de las críticas de los defensores del aborto, el código tiene una gran cantidad de elementos nuevos que ayudan a darle más eficacia a lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Se incluyen 72 delitos que no estaban en el código, como son los delitos informáticos, el sicariato, el acoso cibérnetico, el engaño vía tecnológica, los delitos que se cometen vía las redes sociales, y muchos más. Se incluye el cúmulo de penas, lo que permitirá que quien cometa varios delitos pueda ser condenado acumulándole las penas hasta un máximo de 60 años, y no de solo 30 años como en la actualidad.
De igual manera, el nuevo código penal establece un aumento significativo para delitos como los feminicidios, la agresión sexual, los daños con sustancias químicas y otros, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta los 40 años en prisión. También se castiga con penas más severas la explotación sexual y la utilización de menores en actividades sexuales a cambio de dinero.
El nuevo código es un gran esfuerzo que busca adecuar nuestro sistema de justicia a los adelantos tecnológicos, a los desafíos de los tiempos y a la nueva realidad mundial. El hecho de que se hayan sacado las tres causales no puede continuar siendo un obstáculo para evitar su aprobación. Ya en el pasado hemos vivido dos momentos frustrantes con Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes siendo presidentes, objetaron el código aprobado en el 2006 y 2016, respectivamente, por el asunto de las tres causales.
El presidente Luis Abinader ha dicho que de manera personal apoya las tres causales, pero también ha expresado que ese tema divide la sociedad y ha evitado que se apruebe un nuevo código penal.
Partiendo de ese criterio y de cómo el liderazgo del PRM en el congreso ha manejado el tema, estamos convencidos que en esta ocasión, cuando las cámaras aprueben el nuevo código penal sin las tres causales, el presidente Abinader no va a dejarse chantajear ni presionar, y no va a cometer el error de Leonel y Danilo. Si actúa con sentido de la historia, Abinader no va a observar la ley que da sustento al código penal y de esa manera se crecerá en su imagen de estadista.
