Una reflexión dominicana
Hay fronteras que comienzan en los mapas y terminan en la conciencia. La nuestra tiene una particularidad: uno puede recorrerla de un extremo a otro, detenerse frente a una garita, escuchar el viento entre los árboles y creer que ha llegado al límite de un país, pero basta levantar los ojos para descubrir que el otro lado de la línea continúa siendo parte de la misma isla, del mismo paisaje, de una historia que nadie ha conseguido poner en orden. Haití está ahí, al oeste de nuestras certidumbres, como una pregunta que se resiste a desaparecer. Y nosotros, que tantas veces hemos querido contestarla mirando hacia otro lado, empezamos a comprender que el silencio también tiene consecuencias.
Haití nació en 1804 de una revolución que alteró para siempre la historia del mundo. Antiguos esclavos derrotaron al ejército de una de las mayores potencias militares de su tiempo y fundaron la primera república negra independiente.
No fue una revolución cualquiera: fue el momento en que quienes habían sido considerados propiedad de otros reclamaron para sí la condición de hombres libres. Pero las revoluciones, como ciertas puertas que se abren hacia habitaciones desconocidas, no siempre conducen al lugar imaginado. Las potencias esclavistas contemplaron aquella emancipación con temor y Francia terminó reconociendo la independencia en 1825, después de imponer una indemnización de 150 millones de francos, reducida posteriormente a 60 millones. Haití tuvo que pagar por su libertad, como si la historia hubiera decidido cobrarle dos veces el precio de la esclavitud.
La paradoja no terminó allí. La revolución destruyó el orden colonial, pero no consiguió establecer instituciones suficientemente sólidas para sostener una convivencia duradera.
Las rivalidades entre las élites, la concentración del poder y las dificultades para organizar una economía productiva fueron debilitando el proyecto republicano. La libertad había sido conquistada; faltaba aprender a administrarla. Entre ambas cosas se abrió una distancia que el tiempo no consiguió cerrar.
En 1822, Jean-Pierre Boyer incorporó la parte oriental de la isla a la República de Haití. Durante veintidós años, los dos territorios compartieron una administración que abolió la esclavitud, pero también impuso medidas políticas y económicas que suscitaron resistencias. Había diferencias de lengua, religión, costumbres y organización social; había, además, conflictos relacionados con la propiedad y el centralismo gubernamental. La independencia dominicana de 1844 fue la expresión de una voluntad de constituir una comunidad política con identidad y aspiraciones propias. Dos pueblos habían terminado por reconocerse distintos, aunque la geografía insistiera en mantenerlos juntos.
El siglo XX no modificó sustancialmente aquella incertidumbre. La ocupación estadounidense de 1915 a 1934, las dictaduras de François y Jean-Claude Duvalier, los Tonton Macoutes y las sucesivas crisis políticas fueron erosionando las instituciones. Después de 1986, las esperanzas democráticas tropezaron con golpes de Estado, intervenciones extranjeras, corrupción y gobiernos incapaces de consolidar una autoridad legítima. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021, precipitó una descomposición que venía anunciándose desde mucho antes, como esas grietas que aparecen en una pared y que nadie considera peligrosas hasta que una mañana descubre que el techo ha desaparecido.
El Estado frente a las pandillas
Ahora las organizaciones armadas ocupan los espacios que debería gobernar el Estado. Controlan carreteras, extorsionan comerciantes, secuestran ciudadanos y disputan territorios. Han convertido determinados barrios en dominios donde la ley se pronuncia con armas y la autoridad se mide por la capacidad de sembrar miedo. La vida cotidiana ha quedado atrapada entre el desplazamiento, la inseguridad y la incertidumbre económica. Las pandillas no son ya una perturbación del orden público: son poderes de hecho que disputan la existencia misma de las instituciones.
La comunidad internacional intenta contener la violencia mediante nuevos mecanismos de seguridad, incluida la Gang Suppression Force. Pero los recursos disponibles y la capacidad operativa siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desastre. Entretanto, miles de familias abandonan sus hogares, los comercios cierran y la población aprende a organizar sus días alrededor de una pregunta elemental: si podrá regresar a casa.
Para nosotros, la pregunta tiene otra dimensión. ¿Hasta dónde puede llegar una crisis semejante sin atravesar la frontera? La República Dominicana no es una isla vecina de Haití: es la otra parte de la misma isla. Esa circunstancia, que los mapas resuelven mediante una línea, la realidad la convierte en una relación permanente.
La frontera dominicana
Por la frontera circulan mercancías, trabajadores, familias y necesidades. También llegan las consecuencias de una sociedad que ha perdido buena parte de su capacidad para garantizar la seguridad de sus habitantes. La presión migratoria sobre nuestros servicios de salud, educación y seguridad plantea dificultades que no debemos minimizar. Tampoco sería razonable desconocer la contribución de miles de trabajadores haitianos a actividades esenciales de nuestra economía.
Conviene distinguir, sin embargo, realidades que a veces se confunden deliberadamente: inmigración laboral, irregularidad migratoria, desplazamiento provocado por la violencia y delincuencia organizada. No todos los que cruzan la frontera representan una amenaza, ni todos los que necesitan protección adquieren por ello el derecho automático a establecerse en territorio dominicano. El Estado tiene la obligación de controlar sus fronteras, aplicar sus leyes y preservar sus instituciones. La soberanía no es una concesión que pueda suspenderse por compasión, pero tampoco una licencia para ignorar la dignidad humana.
Una respuesta que no puede ser exclusivamente dominicana
Necesitamos una política fronteriza inteligente, capaz de combinar vigilancia militar, tecnología, inteligencia y procedimientos migratorios transparentes. Un muro puede formar parte de esa infraestructura, pero no sustituye los sistemas de observación, las comunicaciones, las carreteras de patrullaje ni la cooperación contra el tráfico de armas y personas. Una frontera segura no es simplemente una frontera cerrada: es una frontera gobernada.
También debemos establecer mecanismos humanitarios regulados, con participación internacional, para identificar y atender a quienes necesiten protección. La regularización de trabajadores que cumplan los requisitos legales y la repatriación de quienes no tengan derecho a permanecer en el país deben realizarse con respeto al debido proceso. La firmeza del Estado no necesita convertirse en arbitrariedad.
Pero ninguna política dominicana resolverá por sí sola la tragedia haitiana. Santo Domingo debe impulsar una diplomacia firme que comprometa a Estados Unidos, Francia, Canadá y los organismos multilaterales con una estrategia sostenida de seguridad y reconstrucción institucional. No se trata de intervenir en los asuntos internos de Haití, sino de exigir que quienes disponen de mayores recursos y capacidad de influencia contribuyan a restablecer las condiciones mínimas de convivencia. La historia no puede modificarse retroactivamente, pero sus responsabilidades tampoco deberían desaparecer por el simple transcurso del tiempo.
La reconstrucción económica debe acompañar cualquier esfuerzo de seguridad. Los corredores Dajabón-Ouanaminthe y Elías Piña-Belladère podrían convertirse en espacios de cooperación industrial y comercial, capaces de generar empleos y ofrecer alternativas a una población expuesta a la captación de las bandas. Para ello hacen falta seguridad, infraestructura, energía, crédito y garantías jurídicas. También necesitamos educación bilingüe, cooperación sanitaria y formación de mediadores culturales. Un hospital fronterizo no debería convertirse en el escenario donde dos nacionalidades se disputan una cama, ni una escuela en el lugar donde las diferencias lingüísticas impiden que un niño comprenda la lección.
La responsabilidad de dos pueblos
Haití no se reconstruirá mediante declaraciones de solidaridad ni con misiones internacionales que lleguen cargadas de promesas y se marchen sin haber consolidado sus instituciones. Necesita seguridad, justicia, educación, inversión y una autoridad política legítima. Necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos, porque ninguna nación puede levantarse cuando sus habitantes han dejado de creer que el mañana les pertenece.
Los dominicanos debemos comprender que proteger nuestra casa no significa cerrar los ojos ante el incendio del vecino. Tampoco significa asumir responsabilidades que corresponden, en primer término, al Estado haitiano y a la comunidad internacional. Significa actuar con prudencia, firmeza y sentido histórico. Hay una diferencia entre solidaridad e ingenuidad, como la hay entre patriotismo e indiferencia. Nuestra política debe encontrar su lugar entre esos extremos, sin confundir la compasión con la renuncia ni la soberanía con el desprecio.
Haití está a un paso del abismo. Nosotros estamos a un paso de Haití. No es una metáfora: basta recorrer la distancia que separa las dos comunidades para comprenderlo. Pero hay otra proximidad, menos visible y acaso más inquietante: la que existe entre el destino de una sociedad y las consecuencias que su derrumbe puede producir sobre la otra.
La isla no necesita que sus habitantes se confundan en una sola identidad ni que renuncien a la memoria de sus diferencias. Necesita algo más difícil: que dos pueblos capaces de reconocerse distintos aprendan a compartir el porvenir. Porque una frontera puede separar dos soberanías, pero no puede poner a salvo a una de las dos sociedades cuando la otra se desmorona. Y quizá esa sea la verdad que llevamos demasiado tiempo intentando no escuchar.
