Reclamo de Haití vs verja perimetral

El pasado jueves 22 el ministro de Defensa de Haití, Jean Michel Moïse, acusó directamente a República Dominicana, Estados Unidos y Colombia de contribuir al deterioro de la seguridad en su país, y señaló que desde estos países operan redes de tráfico ilegal de armas y drogas que llegan hacia su territorio, por lo que afirmó que la grave crisis de seguridad que vive el pueblo haitiano no es exclusivamente consecuencia de factores internos, sino de la acción transnacional de grupos criminales que cruzan la frontera sin control.

Estas declaraciones acusatorias las expuso durante la sesión especial convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a solicitud del propio Gobierno de Haití que estuvo representado, además del ministro de Defensa, por el presidente del Consejo de la República, Smith Augustín, el ministro de Seguridad Pública, Patrick Pélissier, donde arremetió directamente contra la República Dominicana ya la calificó como una vía clave de entrada de armamento ilegal porque la frontera entre ambas naciones es “altamente porosa” y permeable al contrabando. Su énfasis llegó al extremo de puntualizar: “La República Dominicana, con quien compartimos una frontera larga y vulnerable, se ha convertido en una de las principales rutas de ingreso de armas que terminan alimentando el conflicto armado en nuestro país”. Al afirmar: “Haití no produce ni armas ni drogas”, denunció la existencia de estructuras corruptas que facilitan el paso clandestino de cargamentos bélicos y que la violencia que desangra su población es resultado directo del ingreso de recursos ilegales desde el extranjero.

Podemos considerar que a los representantes del Gobierno haitiano se les fue la mano en ese cónclave, con su denuncia y reclamo hacia nuestro país, si tomamos en cuenta que República Dominicana ha sido muy consecuente y generosa con el pueblo haitiano; si tomamos en cuenta los esfuerzos e iniciativas del Gobierno dominicano, tanto en el plano nacional como internacional, en su contribución a la búsqueda de soluciones viables a la crisis en el vecino país, en el manejo al tema de la inmigración ilegal, y, sobre todo, en la solidaridad con los nacionales haitianos que desde años migran a territorio dominicano. Pero, resulta que el ministro de Defensa de Haití, vocero del tema, no está mintiendo ni inventa tal situación respecto al trasiego ilegal de armas y de drogas hacia su país a través de nuestras protegidas fronteras, cuya principal fuente de origen son los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahora bien, con sus posiciones estos señores lo que muestran es una excusa que pretende justificar su incapacidad para enfrentar a las bandas delincuenciales que mantienen la ingobernabilidad en su país, y buscan un chivo expiatorio en República Dominicana, como forma de no acusar directamente a los Estados Unidos que es de donde les llega armas, dinero y drogas a esas bandas.

¿Por qué el ministro de Defensa de Haití y sus acompañantes no se refieren a los más de 20 mil millones de pesos al año que el Estado dominicano destina en atenciones médicas a nacionales haitianos en los hospitales públicos? Que en más de 60 hospitales de la Red Pública las parturientas haitianas superan a las dominicanas, con un aumento significativo del gasto que el pasado año superó los 22 mil millones de pesos equivalentes a más de 360 millones de dólares, y representan una carga enorme para el sistema de salud pública de nuestro país. Que los partos a haitianas en hospitales dominicanos ascendieron al 35.9% el pasado año (alrededor de 30 mil partos) cifra que este año ha incrementado. Y que estos señores sean capaces de reconocer que el Estado dominicano viene enfrentando un enorme desafío con la prestación de servicios de salud, la sostenibilidad del sistema y la atención adecuada a sus ciudadanos, así como frente a los asuntos migratorios y su implicación social, política y económica.

Estos señores deben entender que la solución a la crisis de su país no depende de la República Dominicana, sino de ellos mismos que conocen muy bien desde dónde se estimula con apoyo logístico a las bandas delincuenciales y criminales que mantienen el caos hasta el colapso en Haití.

Hemos dicho, en reiteradas ocasiones por este medio y otros, que reconocemos el presidente Abinader ha manejado bien el tema de la inmigración de nacionales haitianos a territorio dominicano. Una cosa es esto y otra el reclamo del gobierno de Haití con su denuncia. Hace años en el manejo de las fronteras se ocultan negocios de doble vía y actos de corrupción que implican a funcionarios civiles y militares de ambos países. Esto se ha agudizado durante los años en que el gobierno dominicano viene construyendo una verja perimetral para controlar el masivo ingreso de haitianos de manera ilegal a territorio dominicano.

Esta situación, que se agudiza cada día, no solo fomenta diversas modalidades de corrupción, sino que daña la imagen del país en el plano internacional y atenta contra la seguridad nacional, porque, mientras al nivel superior el Ejecutivo se empeña en poner orden, a otros niveles se fomenta el desorden.

Una verja perimetral inteligente

Ante la situación descrita, y, dado los altos costos que implica el control y vigilancia de la frontera dominico-haitiana, en recursos humanos y económicos, el despliegue logístico por aire, mar y tierra, lo más conveniente para el país es la instalación de una verja perimetral inteligente, basada en el avance tecnológico de hoy día, que permite disponer de protocolos de seguridad digital en materia de control y vigilancia más seguros, mediante el uso provechoso de la Inteligencia Artificial, la Big Data, o la técnica de “perfilado”, que superan las capacidades de procesamiento y almacenamiento de las herramientas tradicionales, mediante el uso de drones, robots de última generación, pantallas de reconocimiento facial, que facilitan hacer más efectivo, humano y racional, en este caso, el manejo de la inmigración de nacionales haitianos a nuestro país.

En este orden, hemos elaborado un planteamiento público dirigido al presidente de la República Luis Abinader, a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía y al pleno del Consejo Económico y Social, el cual hemos iniciado su entrega de manera personal, para que sea colocado en su agenda conjunta sobre el tema dominico-haitiano surgida de la reunión presidencial del pasado 14 de los corrientes y se aboquen a una decisión en este orden.

Junto a dicho planteamiento les estamos entregando estudios de empresas extranjeras de varios países que han llegado a nuestras manos que formulan interesantes propuestas sobre el uso de las más sofisticadas tecnologías que ofrece la Inteligencia Artificial y constituyen poderosos instrumentos, tanto para un mayor y más eficiente control, vigilancia y dominio de la inmigración desordenada e irregular de nacionales haitianos a territorio dominicano, así como su efectividad y bajos costos que la construcción de muros y despliegues operativos, además de contribuir a mermar y erradicar los niveles de corrupción y los manejos que por décadas, actualmente intensificados, han caracterizado el tema migratorio en la frontera dominico-haitiana, que involucra millones de dólares.

Con nuestro planteamiento no procuramos favorecer nacionalidad de las empresas que han ofertado intervenir en solucionar el fenómeno que tanto daño está generando, en el ámbito económico, social y de seguridad nacional. Lo que procuramos es que el gobierno dominicano, y en estos momentos en que se aboca a la discusión de un Plan de Nación con todos los actores de mayor gravitación en la vida política, social y económica de la nación, muestre su interés real en acabar de una vez por todas con las modalidades de corrupción.

Asimismo, que no solo pueda considerar la calidad tecnológica de los oferentes, sino la facilidad económica, el financiamiento y/o donación, de gobierno a gobierno, evitando que sectores oscuros puedan intervenir en algo tan sensible que implica la seguridad del Estado, como hasta ahora ha estado ocurriendo con ciertos grupos privados de muy mala reputación, lo que ha generado que el mal manejo de esos sectores trascienda a la opinión pública nacional al extremo de que en este momento cursa un proceso judicial con esos grupos que se han aprovechado de influencias políticas y personales en la esfera del actual gobierno.

Reiteramos, a nosotros sólo nos mueve el interés nacional.