El sábado, Santo Domingo despertó sofocado en humo. Y si bien el incendio en el vertedero de Duquesa puede ser el resultado del calor y el gas metano, como afirmaban inicialmente las autoridades, el vertedero es una fábrica de contaminación.
Los dominicanos han saturado las redes sociales con videos y denuncias al gobierno por irresponsabilidad, incompetencia y negligencia. Aunque exista una combinación de factores, la deficiencia fundamental del enfoque estatal es tratar un problema de acción colectiva como una tarea administrativa.
En enero, el presidente Medina creó la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, encargada de coordinar y ejecutar un plan de acción que mitigaría la crisis climática y sanitaria que representa el vertedero.
Ante el desorden de las autoridades locales, la Comisión probablemente es el primer paso en la dirección correcta. Pero lamentablemente, es la respuesta habitual a las crisis en nuestro país: las autoridades se reúnen para idear cómo resolverán el problema mientras la ciudadanía espera al margen por su veredicto. Un enfoque centralizado puede facilitar la coordinación a nivel gubernamental, lo cual es clave, pero omite aspectos críticos para salir y mantenerse fuera de la crisis.
Una respuesta climática efectiva y permanente requiere que los ciudadanos tomen medidas hoy, ya sea usando menos plástico o reciclando tanto como sea posible. Pero al adoptar la estrategia de la Comisión, nuestras autoridades posponen la acción y convierten a la población en beneficiarios (y polizones) de la solución, en lugar de actores centrales del problema, que lo somos.
A media mañana las autoridades declaraban que la ciudad se asfixiaba porque el viento cambió de dirección, pero que la situación estaba bajo control. Es decir, incluso en medio del humo, el mensaje es: “No tienen que hacer nada. Lo estamos manejando. Vienen más respuestas”.
Esto es catastrófico. Al no enfatizar la gravedad del problema, posiblemente en un intento de no volverse impopulares, las autoridades hacen pensar a los ciudadanos que la situación es leve y ajena a ellos, cuando en realidad es una emergencia que exige atención y acción ciudadana inmediata. Y es que en una “situación leve”, los ciudadanos no tienen incentivos suficientes para invertir y asumir la carga de cambiar sus hábitos. Por tanto, al apañar el problema, el liderazgo está sosteniendo un mal resultado, en lugar de dirigirnos a uno mejor.
Curiosamente, las elecciones son muy vulnerables al problema del polizón, que es uno de los principales obstáculos para lograr acción colectiva[1]. Como para ganar una elección se requiere más del 50% de los votos, y las elecciones presidenciales nunca han sido decididas por un solo voto, un votante rara vez (si acaso) hace la diferencia. Por lo tanto, lo racional sería no votar: ¡Uno se ahorraría el costo que conlleva votar (conocer a los candidatos, tiempo, ir al colegio electoral, etc.) y aún así disfrutar del beneficio! (O simplemente ahorrarse el costo, ya que incluso si su candidato favorito pierde, su voto probablemente no hubiera hecho la diferencia). A pesar de esto, el 71.64%[2] del electorado vota en las elecciones presidenciales, uno de los promedios más altos del continente.
Esto demuestra que no estamos indefensos ante los problemas de acción colectiva. La diferencia es que los actores políticos invierten recursos colosales movilizando a la población para que vote, pero el esfuerzo realizado para alentar el manejo adecuado de los desechos es anémico. Y es que los líderes políticos saben que las elecciones son una acción colectiva, pero muchos todavía creen que la respuesta a la crisis climática se trata de equipos técnicos y funcionarios.
Las autoridades no deben esperar el veredicto de las comisiones para comunicarse con la población, enseñarles a clasificar adecuadamente la basura, cómo manejar los desechos en sus hogares y convocar a ONGs, empresas e individuos dispuestos a liderar iniciativas. Dotar a la población de información relevante y precisa hoy, garantiza que cuando llegue el momento, los dominicanos estén preparados para actuar a la altura de las circunstancias, en lugar de, como siempre ser luego culpados por falta de educación.
Un secundo obstáculo para la acción colectiva y son las externalidades. Por lo general, las personas no internalizamos cómo nuestras acciones impactan a los demás y al sistema en su conjunto. Esto lleva a resultados socialmente ineficientes y corregirlo es función del Estado. Pero las autoridades dominicanas descuidan este frente o recurren a herramientas tradicionales, como las multas.
Este instrumento supone dos problemas: la falta de aplicación de la ley y la supresión de la motivación intrínseca y social, que es mucho más poderosa, barata y sostenible. Estudios han demostrado que las personas a menudo ven las multas como precios en lugar de castigos que deben evitarse[3]. Si el producto (contaminar) vale su precio, y puedo pagarlo, ¿por qué no comprarlo? Las multas pueden, por tanto, agravar la crisis ambiental al transformar un problema social en una compra. Esto es especialmente importante para las empresas y los productores.
La falta de aplicación de la ley, por otro lado, hace que las multas sean ineficaces porque no es la multa lo que importa, sino el costo esperado de pagar la multa. Es decir, ¿qué tan probable es que me atrapen, en primer lugar? Una baja aplicación de la ley hace que la probabilidad de ser multado sea muy pequeña, por tanto, no sirven para reducir la ocurrencia de la acción no deseada.
En general, en República Dominicana no existen condiciones sistemáticas para que las personas actúen de manera más responsable con el medio ambiente y esto incluye mecanismos para hacer lo correcto e información detallada de qué hacer y cómo.
El sector privado también es un actor central que tiene incentivos económicos para no ser responsable con el medio ambiente. Los expertos recomiendan subsidiar el desarrollo de tecnologías limpias y la adopción de prácticas ecológicas para hacerlas más viables para las empresas. Aun así, apostar por la acción ciudadana como motor de cambio aporta por varios canales: (1) directamente, motivando a sus líderes a asumir el reto (2) e indirectamente, obligándolos a adaptarse a la tendencia de los consumidores de elegir empresas verdes y productos amigables con el medioambiente[4].
El sábado, el humo decidió informar personalmente de la situación al Distrito Nacional. Aunque lo que hagamos a partir de ahora depende de nosotros, no podemos resolver esto por nuestra cuenta. El trabajo como ciudadanos es elevarnos, como podamos, tomar decisiones ecológicas, aunque sean más difíciles, e inspirar a otros a hacer lo mismo.
El trabajo del liderazgo es crítico para crear condiciones apropiadas, conducentes a un mejor equilibrio. Esto implica proporcionar información precisa y relevante a todos los actores, involucrar a la ciudadanía en la búsqueda y ejecución de soluciones, responsabilizar y demandar más de las autoridades locales, y sobre todo garantizar que luego de que los ciudadanos hagan su parte, las autoridades competentes cumplan la suya.
[1] https://plato.stanford.edu/entries/free-rider/#Dem
[2] Participación promedio de las últimas 11 elecciones. Cubriendo 1974-2016. Fuente: base de datos del Institutito Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
[3] Uri Gneezy and Aldo Rustichini, “A Fine Is a Price,” The Journal of Legal Studies 29, no. 1 (January 2000): 1-17. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/468061?mobileUi=0&
[4] Aghion P, Benabou R, Martin R, Roulet A. Environmental Preferences and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?. 2019.
