La independencia de la justicia es demasiado importante para reducirla a una declaración política. Que jueces y fiscales actúen sin recibir instrucciones del poder político constituye un principio esencial del Estado de derecho. Pero precisamente por eso, la independencia judicial debe observarse en las decisiones, los procedimientos y las garantías, no solamente en los discursos. Un gobierno puede defender que respeta la separación de poderes y, al mismo tiempo, corresponde a la sociedad examinar cómo funcionan realmente las instituciones. La credibilidad de la justicia depende de que sus decisiones puedan ser cuestionadas, revisadas y comprendidas sin temor a represalias.
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