La ludopatía no puede seguir tratándose como una falta de voluntad. Cuando alguien compromete dinero destinado a comida, educación, vivienda o medicamentos para continuar apostando, el problema deja de ser individual y se convierte en una tragedia familiar. El país necesita políticas de prevención, orientación y tratamiento, y atención para quienes buscan ayuda. Debe preguntarse si la facilidad para apostar crece más rápido que los mecanismos de protección. El Estado debe determinar cuántas personas están afectadas, cuánto dinero pierden y qué instituciones pueden intervenir, antes de que las deudas y los conflictos familiares se vuelvan irreversibles.
