La lucha contra la corrupción ha formado parte esencial de los programas de gobierno de todos los partidos que han alcanzado la dirección del Estado en las últimas décadas, los cuales han delineado políticas en ese sentido desde el primer día de gestión.
Si revisamos las páginas de los diarios o hurgamos en las videotecas de los canales de televisión nos encontraremos con que ese predicamento ha estado presente, de manera sistemática, como parte del contenido discursivo de los nuevos administradores de la cosa pública.
Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que al país se le ha tomado el pelo, si nos remontamos a los resultados que dicha lucha ha arrojado.
Es por ello que, al asumir la administración del presidente Luis Abinader y emprenderse los procesos en curso, a muchos les resultaba—y les resulta aún—en cierta forma poco convincente el que se trate de una determinación real y no un discurso o una puesta en escena con fines meramente propagandísticos.
Lo decimos, pues si analizamos las mediciones de las organizaciones regionales que llevan a cabo el monitoreo de las políticas públicas anticorrupción caemos en la cuenta de que las mismas no tomaban en serio nuestras acciones en ese sentido, ya que no se reflejaban en los índices medidos, los cuales más bien nos situaban cada vez en los peores lugares.
Al contrario de aquellas situaciones, en esta oportunidad hemos recibido una mejoría significativa en dichas mediciones, al pasar de 3.26 a 4.38 en el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción”, que examina 14 variables claves relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, entre otros perfiles que se asocian con la calidad de la democracia en la región.
Es obvio que el mayor impacto para acercar el país al índice máximo de 10 lo tenemos en los tres principales procesos contra funcionarios y allegados del pasado Gobierno, es decir, los expedientes denominados pulpo, coral y medusa.
Una nota resaltante en la medición es el señalamiento de que “la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año”, lo cual está estrechamente asociado a la pandemia de COVID-19.
Sin ser un experto en la materia, y aun cuando la medición no aborda esas particularidades del país, no podemos desvincular esa referencia del hecho de que, durante parte de la pandemia en sus momentos más duros, personeros del pasado Gobierno se dedicaron a hacer negocios, inclusive a costa de la salud colectiva.
En definitiva, el esfuerzo contra la corrupción sólo fructifica cuando hay voluntad política…Y hasta prueba en contrario, Luis la tiene.
