Atribuciones que se toma el Poder Judicial podrían espantar a inversionistas

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El ex funcionario denuncia cancelación de registradores
y que el CPJ asume roles que son del Congreso Nacional

El ex director nacional del Registro de Títulos Wilson Gómez dijo ayer que a propósito de que en este 2020 se cumplieron cien años de la incorporación del Sistema Inmobiliario Registral Torrens a la República Dominicana, ve con pena que lejos de resaltar ese sistema, de fortalecerlo y dar cumplimiento estricto a la normativa creada a partir del proceso de modernización, todo ha venido en sentido contrario.

Gómez advierte que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) se ha arrogado atribuciones que no le son propias, como la de legislar, que concretamente le corresponde al Congreso Nacional. “Resulta incomprensible la arbitrariedad y el ejercicio abusivo de las facultades del Consejo del Poder Judicial y de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, que se ha manifestado con descaro con la cancelación de numerosos registradores de Títulos que han honrado la función, con un ejercicio honesto y recto durante decenas de años, apelando a una supuesta conveniencia institucional, pese a que, en algunos casos, han ingresado a la carrera administrativa y están bajo el amparo del artículo 145 de la Constitución de la República”, agregó Gómez a elCaribe.

Desde su óptica, es preocupante que el Tribunal
Constitucional haya tenido que declarar la nulidad de varias normativas reglamentarias dictadas por el Consejo del Poder Judicial, tales como la Resolución 21/2018, del 6 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes, y la Resolución 01/2016, emitida el 8 de febrero de 2016, mediante la cual pretendió modificar el Reglamento de Ios Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original.

Wilson Gómez conversó sobre el tema en una entrevista con el periódico elCaribe; dijo que está bastante preocupado por la situación.El ex registrador nacional de Títulos aseguró que “con ciertas actuaciones se produce un ataque contra el Sistema Inmobiliario de la República -tipo Torrens-, ya afectado con la incorporación de frágiles firmas electrónicas en Ios certificados de títulos, sustituyendo las firmas genuinas, auténticas y materiales de los registradores, oficiales públicos responsables de calificar y autorizar la inscripción y el registro de los documentos registrales, situación que también pone en riesgo la seguridad jurídica del país , dada la singular naturaleza de su sistema inmobiliario”.

“Mire lo que pasa… nosotros decimos que la firma, que no es digital, que es una firma electrónica, esa firma tiene que ser física. El registrador tiene que mantener su capacidad y su soberanía para calificar el expediente. Y esa capacidad se la han ido sustrayendo gradualmente; al extremo de que el registrador con frecuencia no decide, sino que deciden los que están más arriba de él, en término jerárquico. Eso es parte del problema”, advirtió.

Cuando se le pregunta al exdirector del Registro de Títulos si las acciones a las que se refiere pudieran espantar a los inversionistas, respondió: “No hay duda. Esa es la preocupación, porque al final eso conspira contra el sistema de seguridad jurídica, en un componente tan importante como el inmobiliario”.

“Lo vemos con pesar; hemos sido parte de ese proceso y lo defendemos, a sabiendas de las bondades que se obtuvieron a partir de la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria. Cuando usted ve que el Tribunal Constitucional tiene que declarar la nulidad de resoluciones adoptadas por el Consejo del Poder Judicial, usted tiene que darse cuenta que está frente a algo grave, por cuanto el Poder Judicial es un poder del Estado que no puede desbordar su ámbito de competencia y llegar a legislar, que es una atribución del Congreso”, apuntó el ex director nacional del Registro de Títulos.

Desde su punto de vista hay -en cierto modo- la afectación del orden constitucional y se ha ido afectando la seguridad jurídica, porque el certificado de títulos registra firmas que son firmas electrónicas, en un sistema registral como el nuestro, que es distinto a todos los sistemas registrales de América Latina. “Solo Brasil tiene el Sistema Torrens en la parte rural. Y fuera de Brasil, en América Latina no hay otro país con este sistema, que es uno de los sistemas más valorados. Pero tiene una cuestión delicada, y es que se trata de un sistema que surte un efecto constitutivo y su fe pública es muy categórica. De modo, que lo que se publicita en el registro, lo que el Registro de Títulos expide se tiene como una verdad”, indicó, dejando en evidencia que maneja el tema al dedillo.
Eso que expone Wilson Gómez es aquello que los abogados llaman “existencia de una presunción irrefragable (probada)”. “Es decir, que no admite prueba en contrario, salvo en el caso del fraude o el error material. “Fuera de ahí, lo que dice Registro y lo que dice el título se da como verdad. Por tanto, tú no puedes ir flexibilizando eso, para dar paso a que la falsificación documental prospere”, dijo.

Y agregó que le apena que hace años no ve sometimientos por falsificación documental en el país, en un registro que tiene que tener la vigilancia, el cuidado, la prudencia y el sentido de responsabilidad de quien administra ese sistema, en todos los órdenes. “Cuando yo hablo del registro inmobiliario, hablo del sistema, donde participan los tribunales inmobiliarios, que son un órgano, Mensura Catastral, que es otro órgano; Registro de Títulos, que es otro órgano. Esos tres órganos dependen del Poder Judicial, pero también está el Abogado del Estado, que es una especie de procurador general de la República en materia inmobiliaria, que depende del Poder Ejecutivo”, explicó.

“Ojo” al tema de la imprescriptibilidad

Wilson Gómez rememoró que “aquí, en el país, circuló un proyecto de ley que nadie se acreditó, ni quiso atribuirse la responsabilidad de haberlo preparado, que conspiraba contra el sistema, y que procuraba –inclusive- romper con este sistema, del que dijo tiene cien años y que establece la imprescriptibilidad del derecho de propiedad, cuando se trata de un derecho que no prescribe. “Pero había ese proyecto por ahí, estableciendo la prescripción”, aseguró.

“Uno no sabe a qué obedecen esas cosas, pero lo cierto es que aquí en el país no han podido establecerse exitosamente las compañías aseguradoras de títulos, precisamente por la fuerza y la eficacia del sistema nuestro. Nosotros, que tenemos conciencia de eso, tenemos que velar y despertar la conciencia de los que invierten en el área inmobiliaria, de la banca nacional, de los abogados, los notarios, los agrimensores y de los ciudadanos en sentido general, porque todo el mundo quiere tener seguridad”, planteó.

La seguridad jurídica que hasta ahora tiene el país es tan elevada –según Wilson Gómez- que es común observar letreros indicando que tal o cual propiedad se vende, se traspasa o se alquila, precisamente porque no hay problema. Mientras que en América Latina es común observar letreros en propiedades indicando que la misma no se vende, ni se alquila, ni se permuta, ni está en negocio, por situaciones que poseen esas propiedades.

“Eso es así en nuestro país, porque el sistema es seguro. Y nosotros, que tenemos conciencia plena de eso, debemos asumir la defensa. Uno, de forma irresponsable podría callar, pero yo no puedo callar como ciudadano y como ex director nacional de Registro de Títulos. Sé lo que significa ese sistema, y por eso cumplo con mi deber ciudadano, de advertir sobre la cuestión. No pueden seguir haciendo lo que quieran”, expresó.

Cuando el de aquí tiene que firmar por el de allá

El exdirector del Registro Nacional de Títulos advirtió que no es posible, por ejemplo, que el registrador de Títulos de Santiago Rodríguez esté firmando títulos que corresponden a Baní y que corresponden a Higüey, cuando la ley dice que hay una competencia territorial que debe ser respetada. Advirtió que eso no se puede permitir y que en el país hay que acogerse al estado de derecho y cumplir con la ley y con el mandato constitucional. “Y el Poder Judicial debe cumplir más que nadie, porque se supone que tiene suficiente conciencia y sentido de responsabilidad”, expuso Gómez, en una entrevista que se dio a media mañana.

“No es posible que se haya prescindido de manera masiva de registradores de títulos en República Dominicana. Hablamos de personas que han sido capacitadas por el Estado, el Poder Judicial y la cuota de colaboración que propicia el gobierno Español, a través de su Agencia de Cooperación Española”, sostuvo.

En otra parte de la conversación planteó que el turismo aquí descansa en el crédito territorial y en el crédito inmobiliario. “Aquí no hay negociación importante que no implique convenios, contratos y acuerdos que tienen que ver con la tierra y con los inmuebles. Alrededor de los inmuebles está el descanso de la economía nacional”, expresó.

Y agregó que “como consecuencia de la aplicación del sistema inmobiliario, modernizado con ese proceso, se digitalizó el cien por ciento de los certificados de títulos y se han ido haciendo levantamientos desde 1997, hasta que entró en juego el programa y vino una gerencia del programa, a partir de una licitación internacional. “El programa cumplió su cometido en ese fortalecimiento de la seguridad jurídica, porque ya el ciudadano no tenía acceso directo a la documentación registral. Ni siquiera el registrador de Títulos hoy día puede acceder a la documentación física, sino que en todo caso, hay un procedimiento. Si los jueces necesitan hacer una comprobación, un expertis con relación a la propiedad inmobiliaria y necesitan ver originales, hay todo un protocolo que procura más que nada esa seguridad”, indicó.
Cuando este diario le pidió a Wilson Gómez que por favor citara los casos en que hubo cancelación, desde el Poder Judicial, dijo: “Puntualmente, se canceló al registrador de Títulos de Higüey, el de Baní, al de Valverde, al de Monte Cristi, a la registradora de Neiba, a la de Barahona y otros.

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