Santo Domingo. Los recursos obtenidos de los bienes secuestrados, incautados, decomisados y sujetos a procesos de extinción de dominio podrán destinarse al fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar, de aprobarse de manera definitiva la modificación al artículo 82 de la Ley 60-23, aprobada en segunda lectura por el Senado.
La iniciativa reorganiza la distribución de los recursos administrados por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), con el propósito de canalizar parte de esos fondos hacia programas dirigidos a proteger a las víctimas, prevenir la violencia y fortalecer la respuesta institucional del Estado.
Con la reforma, el dinero proveniente de la administración y disposición de estos bienes se destinaría a financiar acciones de prevención de la violencia de género e intrafamiliar, brindar protección y asistencia integral a las víctimas y reforzar las capacidades de las instituciones responsables de enfrentar este fenómeno.
Le recomendamos leer
Destino de los recursos
El proyecto también contempla que estos recursos beneficien directamente a las casas de acogida para mujeres en situación de riesgo, mediante el fortalecimiento de su funcionamiento y de los servicios de protección que ofrecen. Asimismo, prevé el financiamiento de centros de atención conductual para hombres vinculados a hechos de violencia de género o tentativa de feminicidio, como parte de una estrategia orientada a reducir la reincidencia y promover cambios de conducta.
Además de la atención directa a víctimas y agresores, la propuesta incorpora un componente preventivo basado en la educación y la sensibilización social. Entre las acciones previstas figuran el desarrollo de programas educativos en las escuelas para fomentar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres desde edades tempranas, así como campañas de comunicación en medios tradicionales y plataformas digitales destinadas a promover el respeto de los derechos de las mujeres y modificar patrones culturales asociados con la violencia.
Le recomendamos leer
Distribución de los recursos
La modificación al artículo 82 también redefine la distribución de los recursos. De acuerdo con el proyecto, el 40 % sería asignado al Ministerio Público para la coordinación, ejecución y fortalecimiento de las acciones de prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar. El 60 % restante sería distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Educación, entidades que deberán ejecutar los programas conforme a sus competencias y de manera coordinada.
De acuerdo con el proyecto, el Incabide continuará siendo el organismo responsable de custodiar y administrar los bienes vinculados a procesos penales y de extinción de dominio. Una vez obtenidos los recursos derivados de su administración, estos serían distribuidos según el nuevo esquema establecido en la iniciativa. La ejecución de los fondos destinados a combatir la violencia de género estaría coordinada por el Ministerio Público junto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones competentes.
De aprobarse la iniciativa, los recursos provenientes de la administración de bienes incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio tendrían un nuevo esquema de distribución, orientado a financiar programas e instituciones vinculados a la prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar.
