La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, (Acoprovi) informó ayer que posee propuestas para mejorar la ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el país, mientras que la AIRD propuso consultar a todos los sectores involucrados en el tema.
Acoprovi dijo que aplaude y respalda el trabajo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo del Territorial sobre la legislación para establecer reglas claras sobre el ordenamiento, gestión y organización del territorio, pero entiende pertinente enriquecer la propuesta.
“Hemos sido parte de este crecimiento y hemos ayudado a construir una parte importante de la construcción sobre el territorio dominicano, que es un recurso finito, el cual amerita que sea organizado para poder garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible de nuestra sociedad en sus dimensiones ambientales, sociales, económicas, jurídicas, por sólo mencionar algunas”, expresó Acoprovi en un comunicado.
Mientras que la Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD), llamó la atención sobre el impacto negativo de la Ley de Ordenamiento Territorial de aprobarse sin un posible consenso.
“Una Ley que regule el ordenamiento territorial debe ser un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario, ofreciendo a los diferentes actores la posibilidad de presentar sus propuestas, de debatir, porque en el territorio estamos todos.
Un territorio pensado para la calidad de vida, pero también para la competitividad productiva, de modo que se constituya en un modelo territorial local, regional y nacional sostenible, coherente y articulado”, explicó Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
Almánzar indicó que se requiere hacer los ajustes para evitar consecuencias institucionales no deseadas, como afectar el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica en el país.
Circe Almánzar llamó a todos los actores afectados a tomar conciencia de los riesgos que implica aprobar una ley que no toma en cuenta los elementos señalados.
