El crecimiento del sector de seguridad privada en República Dominicana no solo refleja la expansión de una industria, sino también la respuesta a una falla estructural: la incapacidad del Estado para garantizar plenamente la seguridad ciudadana.

Cuando la protección de bienes y personas queda cada vez más en manos privadas, se pone en evidencia un vacío que el sistema público no ha podido llenar, que traslada a la sociedad el costo de su propia seguridad.

Este auge, aunque aporta al PIB y genera miles de empleos formales, plantea una preocupación de fondo. La seguridad, que debería ser un derecho garantizado para todos, corre el riesgo de convertirse en un privilegio para quienes pueden pagarlo. Esto no solo pone en tensión el concepto de equidad, sino que también desafía al Estado a recuperar su rol en la protección efectiva de toda la ciudadanía.

En el territorio dominicano, la seguridad privada experimentó un crecimiento promedio anual del 9.2% en los últimos cinco años, para consolidarse como un sector dinámico y de relevancia económica.

Esto, según un estudio de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) este sector aportó un 0.32% al Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, lo que equivale a RD$21,705 millones en términos absolutos.

Este crecimiento refleja la importancia de este renglón productivo en la economía nacional, a pesar de los desafíos que aún quedan por superar, afirmó el presidente de Adesinc, Adi Grimberg, en la presentación del estudio “La seguridad privada en la República Dominicana: Creando valor público-privado”.

La investigación señala que el sector emplea a 62,000 personas, de las cuales el 60% ocupa puestos formales, lo que evidencia un alto nivel de estabilidad laboral en comparación con otros sectores de la economía. Con salarios promedio de RD$27,075 mensuales, la seguridad privada ofrece remuneraciones equiparables a las del sector público, lo que destaca su impacto positivo en la calidad de vida de sus trabajadores.

Además, el peso laboral dentro del PIB del sector es del 67.2%, por encima del promedio nacional de 28.7%, lo que demuestra su alto nivel de contribución económica. Los servicios que ofrecen las empresas de seguridad privada abarcan desde vigilancia y patrullaje hasta la instalación de sistemas de alarmas y cámaras de seguridad. Este amplio portafolio permite que sectores como el financiero, el comercio y la construcción dependan cada vez más de la protección privada para resguardar sus bienes y personal con eficiencia.

En términos financieros, el sector regulado concentró el 84.5% de las ventas totales, que ascendieron a RD$24,253 millones en 2023. No obstante, las empresas no reguladas han mostrado un crecimiento promedio anual del 16.8% en ventas durante los últimos cinco años, en comparación con el 10.7% de las empresas reguladas. Este dinamismo sugiere una expansión acelerada, aunque persisten limitaciones en términos de sostenibilidad y calidad.

El informe también subraya la necesidad de un marco legal robusto que garantice la profesionalización de los trabajadores y la regulación adecuada de las empresas. Adesinc propone la creación de una ley marco que centralice las regulaciones dispersas, fomente la depuración de personal y promueva el uso de tecnología en los servicios de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el impacto social del sector es igualmente relevante. Los empleados de seguridad privada son, en su mayoría, jefes de hogar y un nivel educativo bajo. Sin embargo, el sector ofrece oportunidades únicas de empleo formal, contribuyendo significativamente a la inclusión económica.

Otro aspecto destacado es el aumento en las remuneraciones reales de los empleados, que han mejorado su poder adquisitivo. Esto se ha logrado gracias a la profesionalización de las empresas afiliadas a Adesinc, que han priorizado la estabilidad y el bienestar de sus empleados. Sin embargo, el informe de Adesinc destaca una creciente brecha entre empresas reguladas y no reguladas.

Las compañías no reguladas, que aumentaron en un 54% desde 2019, representan un desafío para la formalización del sector. Si bien han ganado participación de mercado, su menor inversión en depuración de personal y equipamiento pone en riesgo la calidad del servicio. El director ejecutivo de Adesinc, Víctor Garrido, pidió prestar atención a la creciente competencia desleal e ilegalidad de la actividad en el país.

Le falta más regulación y maximizar su impacto

Puntualmente, dice la investigación, el sector de la seguridad privada es un actor clave en la economía dominicana, pero enfrenta el reto de fortalecer su regulación para maximizar su impacto económico y social. Adesinc continúa liderando esfuerzos para impulsar mejoras estructurales que beneficien tanto a los trabajadores como a la sociedad en general.

Adesinc es una organización que agrupa a las principales compañías de protección del país. Fue fundada en enero de 1982 e incorporada mediante el decreto número 108-92, de fecha 2 de abril de 1992. Su membresía actual está compuesta por más de 80 empresas formales del sector, las cuales aportan alrededor de 90 millones de horas de vigilancia y protección anuales.

Adesinc agrupa empresas de seguridad en las modalidades de vigilancia, transporte de valores, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, seguridad electrónica y distribución de equipos de seguridad, entre otras. El evento se llevó a cabo en el Hotel Real Intercontinental y contó con la participación de Jacqueline Mora, socia de Analytica, así como representantes de compañías de vigilancia y funcionarios de diversas instituciones oficiales.

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