República Dominicana es el país que está en el ranking número uno de expansión urbana de América Latina. Pasó de una población urbana del 30 %, como era en 1960, a casi 80 % en el año 2022.
Eso significa que la relación se ha invertido y es 80 por ciento de zona urbana, frente a 20 por ciento de zona rural.
La expansión urbana, sin regulación, sin normativa, ha conducido también a que el suelo cambie de vocación, sin importar que ese suelo sea agrícola, o urbano. Es exactamente lo que ha estado ocurriendo en provincias como Espaillat, La Vega, Santiago y Duarte. Pero también ha estado pasando eso en San Juan de la Maguana.
Tiene que ver mucho con la planificación urbana, con el mismo modelo económico, que no es incentivador ni muy garantizador de que la producción agropecuaria sea sostenible y rentable, y muchas veces vender para que se invierta en muros, varilla y cemento (construcción) es más rentable y beneficioso que invertir en desarrollo agropecuario.
Esa la conclusión que tiene del tema Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía.
Plantea que esa expansión urbana, es la expansión misma de los problemas, porque genera presión a los servicios, afecta la seguridad alimentaria, afecta la productividad del país y genera presión migratoria de esos sectores rurales hacia lo urbano. “Cuando la gente llega a las áreas urbanas demanda más servicios (de electricidad, de agua, de recogida de basura y otros)”, indica.
Matías –que tiene muchos años manejando el tema desde distintos enfoques, le dijo a elCaribe que se está acompañando a los municipios de algunas de las provincias citadas, en la clasificación de los suelos, suelos que pueden clasificarse en urbanizados, urbanizables y no urbanizables.
Se necesita cultivar la tierra
Los suelos agrícolas entran en la clasificación de suelos no urbanizables, pero mientras no haya normativas aprobadas por los gobiernos locales, la expansión urbana va a continuar, advirtió Matías. “Y nos va generando muchas situaciones, incluso hasta de gobernabilidad, porque se generan muchos conflictos, y los gobiernos locales tienen que invertir más recursos para dar respuesta a todo eso. Lo propio ocurre con el gobierno central, que debe invertir más”, apuntó el viceministro en la conversación.
Desde su punto de vista, este no es un problema que la Ley de Ordenamiento Territorial va a resolver, porque el uso de suelo es una competencia de los ayuntamientos, y estos pueden formular planes de ordenamiento territorial, sin que haya una ley.
“Y de hecho los hay. Santiago, por ejemplo, tiene planes de ordenamiento, y los tiene San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Las Terrenas. Y en el pasado hubo otros que los tuvieron, pero eso planes no tenían normativas”, rememora.
El problema de diseñar un plan es que si no se hace acompañar de una normativa de regulación, entonces no tiene ningún sentido. Es una debilidad que conocen diversas autoridades.
El Ministerio de Economía asegura que está trabajando directamente con el tema del ordenamiento, pero por tratarse de un asunto muy técnico, también es lento el avance que se logra.
Domingo Matías asegura que el ordenamiento territorial es una ciencia, y como ciencia es compleja. “Pero estamos trabajando en eso, no estamos de brazos cruzados, para dar respuesta hasta donde podamos”, indicó.
Los distritos municipales pasaron a un total de 235
El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial tiene varios años en el Congreso, esperando su aprobación. Una comisión mixta bicameral lo estudia. Y con ellos hay un equipo del Ministerio de Economía aportando.
El ministro Pavel Isa Contreras le dijo a elCaribe que espera en la próxima legislatura se apruebe la normativa, porque ofrece el marco para establecer políticas específicas y ordenamientos específicos a nivel nacional.
Hasta ahora no hay normas que le permitan al gobierno prohibir la construcción en un lugar equis o el fomento de una actividad económica equis en un lugar.
La ley envuelve muchos intereses porque regula la dinámica económica, la dinámica social y la inversión turística. El sector turístico es gran beneficiario de la ley, porque le da seguridad jurídica la inversión. Según Matías, en el país se autoconstruye más que lo construido formalmente.
“La gente ve muchas torres y muchos edificios, pero la gente está todos los días autoconstruyendo. Y se está autoconstruyendo mucho en sectores vulnerables. El viceministro recordó que en el país se pasó de 40 distritos municipales a 235, y de 90 municipios se pasó 158, sin ninguna racionalidad planificadora.
