Punta Cana. El ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, aseguró que del gasto del Gobierno una parte importante va dirigida a educación y a otras áreas de importancia y que el dinero se usa con eficiencia.
“Y yo pienso que ese es el gasto que más puede impactar en el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Nosotros estamos también invirtiendo mucho en evitar que los precios del petróleo vayan a traducirse en mayores precios de la electricidad. Esto, con el fin de proteger los ingresos de las familias más pobres”, agregó.
Dijo que el subsidio eléctrico ayuda a que las familias dominicanas no se vean impactadas con los aumentos de la facturación. Los planteamientos del funcionario son una respuesta al informe ofrecido a mitad de la semana pasada por la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam, intitulado “Autopsia Fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para garantizar los derechos”, una investigación que aborda temas diversos, de manera crítica.
“Respeto su opinión, pero definitivamente no la comparto”, expuso Juan Ariel Jiménez a los periodistas que le preguntaron sobre la investigación. El conversatorio con la prensa se dio a la salida de un panel en el que participó, como parte de la amplia agenda contemplada en Foromic 2019, desarrollado y organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el Ministerio de Hacienda de República Dominicana y el Banco de Reservas. La actividad se realizó en el Hotel Paradisus Palma Real. El estudio de Oxfam dice -en una parte- que en el país los avances en materia de transparencia y rendición de cuenta del Estado conviven con una cultura política fundamentada en un sistema clientelar y corrupto que alcanza niveles épicos y roba recursos que deberían emplearse en paliar desigualdades y garantizar derechos. Según Oxfam, al cierre del año fiscal 2018, de 165 instituciones públicas del Gobierno Central, el 73.3% (121 instituciones) no dijo nada acerca de qué efectivamente lograron al ejecutar el presupuesto asignado. “No hay indicio de productos y servicios que respalden su ejecución del gasto público”, plantea.
