En 1952, el PIB de República Dominicana alcanzó US$523 millones. Treinta y ocho años después, en 1990, había aumentado a US$7,167 millones. En promedio, durante 1952-1990, el PIB creció anualmente en US$175 millones. Convencido de que no podía continuar con el modelo macroeconómico que había estado siguiendo durante los últimos 4 años, el presidente Balaguer aceptó iniciar la ejecución de un conjunto de propuestas de reformas estructurales que le presentaron economistas internacionales y nacionales bajo la sombrilla de organismos internacionales dedicados a la promoción del desarrollo y entidades multilaterales de financiamiento.
A partir de 1990, República Dominicana comienza a ejecutar un trascendental programa de reformas estructurales que no tenía precedentes en nuestra historia económica. Todo se inició con la reforma arancelaria de 1990, la cual desmontó en gran parte las estructuras del modelo de sustitución de importaciones que había imperado formalmente en el país desde la promulgación, en 1968, de la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial. Previo a la reforma arancelaria, el Gobierno reafirmó su compromiso con el esquema de incentivos fiscales establecido para estimular las exportaciones de zonas francas, plasmándolo en la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas. Aunque la unificación cambiaria había tenido lugar el 23 de enero de 1985, el enorme desbalance fiscal y el financiamiento inflacionario del déficit durante los años 1988-1989, llevaron a Balaguer y al Banco Central a reintroducir controles cambiarios que, en la práctica, reeditaron parcialmente el anterior sistema de tasas de cambio múltiples con su consecuente sesgo anti-exportador. Luego de la reforma arancelaria de 1990, el Banco Central alineó su política cambiaria al principio de Una Moneda – Una Sola Tasa de Cambio, que estaba implícito la unificación cambiaria de 1985, con lo cual envió claras señales a los agentes económicos de que los tiempos de los subsidios e impuestos cambiarios, implícitos en el sistema de tasas de cambio múltiples, habían definitivamente concluido.
A la reforma arancelaria de 1990 le sucedieron una profunda reforma tributaria fundamentada en reducción de tasas, ampliación de bases y racionalización de exenciones e incentivos tributarios. Concomitantemente, el Código Laboral heredado de la dictadura de Trujillo, fue reformado. Desafiando las advertencias hechas por empresas monopólicas sobre el supuesto diluvio que la apertura del mercado acarrearía, Balaguer forzó la entrada de la competencia al mercado de las telecomunicaciones, obligando a Codetel y a Tricom a firmar el contrato de interconexión de sus redes. A estas reformas le siguió la aprobación de una nueva y más liberal Ley de Inversión Extranjera.
Leonel Fernández, con el apoyo de Bosch y Balaguer, gana las elecciones de 1996. Consciente de la necesidad de profundizar y ampliar las reformas estructurales ejecutadas por Balaguer, Fernández restaura con mano firme el diferencial del petróleo, una medida que le permitió navegar con estabilidad y solvencia durante los años 1997 y 1998, mientras esbozaba el resto de las reformas a ejecutar. Convencido que el sector eléctrico no daba más y que el mismo se estaba constituyendo en la principal retranca para el funcionamiento adecuado de los demás sectores de la economía y un incordio insoportable para las finanzas públicas, va al Congreso a explicar el porqué resultaba imprescindible estimular la inversión privada en los activos eléctricos estatales. Necesitaba ejecutar una reforma de las descapitalizadas empresas estatales que habíamos heredado de la dictadura de Trujillo. En 1997, logra la aprobación de la Ley de Reforma de la Empresa Pública, antesala necesaria para ejecutar en 1999 la capitalización de los segmentos de generación y distribución que monopolizaba la estatal CDE. Esta capitalización logró elevar de manera considerable la inversión privada en la generación de electricidad, que en lo adelante cabalgaría sobre los hombros de EGE Haina y EGE Itabo, las dos empresas capitalizadas que surgieron de dicho proceso.
Hipólito Mejía gana las elecciones del 2000 y una segunda generación de reformas permea las estructuras de nuestra economía. La Ley de Hidrocarburos logró transparentar los impuestos sobre los combustibles y despolitizó la determinación de los precios. A esta le siguió en el 2001 la Ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fundamentado en materia previsional en el modelo de capitalización individual, el cual pasó a sustituir el diminuto sistema de reparto que administraba el IDSS. Ese mismo año, República Dominicana incursiona por primera vez en el mercado global de capitales con la emisión de US$500 millones de bonos soberanos destinados a financiar un conjunto de obras de infraestructura física que contribuirían a contrarrestar los vientos recesivos que comenzaban a soplar desde la mayor economía del mundo. Esta ventana de financiamiento resultaba fundamental para sustituir el financiamiento inflacionario del déficit fiscal con emisiones del Banco Central, que quedaría prohibido con la aprobación del Código Monetario Financiero de 2002 y que simultáneamente estableció la autonomía e independencia del Banco Central. Antes de terminar su mandato, Mejía anota en su record otra reforma trascendental: el Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica con EE. UU. (DR-CAFTA).
La crisis bancaria del 2003-2004 cierra la oportunidad de un segundo período a Mejía y Fernández regresa a la Presidencia en el 2004. En este nuevo período, los esfuerzos se concentraron en la recuperación de la estabilización económica que se llevó la quiebra de los bancos y la restauración del crecimiento acelerado. Mientras se fortaleció y transparentó la institucionalidad presupuestaria, Fernández, contra viento y marea, consciente que esa era la opción más efectiva para enfrentar el caos en el servicio de transporte público de pasajeros, decidió iniciar la construcción de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo (MSD).
Fernández, apoyado en un excelente desempeño macroeconómico, es reelecto en el 2008. A pocos días de iniciar su segundo mandato consecutivo, lo recibe la quiebra de Lehman Brothers y el inicio de la Gran Recesión de 2009. Con apoyo de los bancos multilaterales, del FMI y del mercado global de capitales, el Gobierno ejecuta un vasto programa de inversiones públicas, incluyendo autopistas, circunvalaciones, corredores viales y la Línea 2A del MSD. A esto debemos agregar el enorme influjo de inversión extranjera directa generado por Barrick Pueblo Viejo durante el período 2010-2012, luego de la renegociación en el 2009 del contrato que el Gobierno dominicano mantenía con la empresa Placer Dome y que había heredado Barrick.
El éxito registrado por Fernández en el 2004-2012 constituyó una plataforma poderosa para garantizar el triunfo de Danilo Medina en las elecciones del 2012. Medina, cumpliendo lo acordado por todos los candidatos durante la campaña, eleva la inversión pública en educación a 4% del PIB. Frente al súbito aumento de los precios del oro en el mercado mundial, percibe la oportunidad de sentarse con Barrick Gold para renegociar la estructura fiscal del contrato, con el objetivo de mejorar la participación de los ingresos del Estado dominicano que se derivarían de la explotación de la mina de Pueblo Viejo, negociación que culmina exitosamente a principios del 2013. Las inversiones públicas en infraestructura vial continuaron durante la administración de Medina, incluyendo el inicio de la construcción de la Línea 2B del MSD. A estas se agregó la mayor inversión registrada en el país en un proyecto de energía eléctrica: la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un total de 752 MW y una inversión de US$2,454 millones, construcción que se inició a principios de 2014. El impacto sobre la deuda que tuvo este boom de inversiones fue parcialmente compensado por el pago anticipado con descuento, en el 2015, de la deuda que el Estado dominicano mantenía con la empresa estatal venezolana PDVSA producto de las facilidades crediticias recibidas por el país a través de Petrocaribe. El ahorro obtenido en dicho pago, US$2,139 millones, contribuyó a moderar el crecimiento de la deuda pública y elevó considerablemente la disposición del mercado global de capitales a financiar los requerimientos que tuviese del Gobierno dominicano. Medina es reelecto en el 2016. Las inversiones públicas continúan a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
En el 2020, la pandemia del Covid-19 pasó una factura muy elevada no sólo a República Dominicana sino a toda la economía mundial. En el ínterin, Luis Abinader ganó las elecciones de ese año y de inmediato dejó claro que quería ser un presidente reformador. Planteó que creía firmemente en la libre iniciativa privada y que el sector privado debía ser el motor del crecimiento y la inversión. Prometió que abriría las puertas a la inversión extranjera de par en par. El discurso, muy bien hilvanado, ha resultado ser música para los oídos de una gran cantidad de inversionistas extranjeros altamente preocupados por el giro hacia la izquierda radical y al populismo macroeconómico que hoy advertimos en la geografía del Cono Sur.
Todo lo anterior explica el porqué en el período de 31 años transcurridos entre 1990 y 2021, el PIB de la República Dominicana ha pasado de US$7,167 millones en 1990 a US$93,487 millones en el 2021, para un crecimiento anual promedio de US$2,785 millones, a pesar de que en estos últimos 31 años, la República Dominicana ha tenido que enfrentar la crisis financiera del Asia en 1997; la rusa de 1998; la de Brasil de 1999; el atentado terrorista del 11 de Septiembre del 2001 que borró las Torres Gemelas; la más grave crisis bancaria doméstica (Baninter, Bancrédito y Mercantil) de su historia, con un costo de 20% del PIB; la Gran Recesión del 2009 provocada por la quiebra de Lehman Brothers en el 2008; y la Mega Depresión del 2020 inducida por las políticas adoptadas por los gobiernos de todos los países del mundo para contener la propagación de la pandemia del Covid-19. Pudo hacerlo gracias a las reformas estructurales que ejecutamos a partir de 1990.
El gráfico que acompaña a este artículo no puede ser mas elocuente. Las reformas estructurales que se iniciaron en 1990 lograron elevar de manera dramática la pendiente de la evolución del PIB de República Dominicana. Esto debería motivar a la nación, a la clase política, y a los sectores empresariales y sindicales, a ejecutar una tercera generación de reformas estructurales que nos permita seguir progresando como lo hemos hecho en los últimos 30 años. Solo así, estaremos preparados para enfrentar exitosamente todo lo que el futuro nos tenga deparado.
