En el marco del 18vo. aniversario de la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) En su 18º aniversario, destacó que la Ley 42-08 es clave para el bienestar social y la estabilidad económica dominicana, especialmente ante las actuales tensiones globales.
Durante la misa de acción de gracias celebrada con motivo de esta conmemoración, la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, hizo referencia al más reciente Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, el cual advierte que la confrontación geoeconómica, la concentración de poder económico y la erosión de la confianza en las instituciones figuran entre los principales riesgos que enfrenta el mundo en el corto y mediano plazo.
De acuerdo con dicho informe, los países que cuentan con reglas claras, mercados competitivos e instituciones sólidas están en mejores condiciones de preservar la estabilidad económica, fortalecer la cohesión social y responder a los choques externos.
En ese sentido, Vásquez Taveras destacó que la política de competencia debe ser entendida como una política pública transversal, estrechamente vinculada al desarrollo, la eficiencia del gasto público y la confianza ciudadana.
“La competencia no es un asunto meramente técnico. Es un componente esencial de la justicia económica, de la equidad de oportunidades y de la estabilidad social”, expresó la presidenta de ProCompetencia, quien citó, además, los más recientes análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que colocan la competencia en el centro de la agenda de desarrollo, al evidenciar que mercados más competitivos contribuyen a reducir la desigualdad, mejorar la productividad y generar mayores beneficios para los consumidores.
Reafirma compromiso con una economía justa
Vásquez Taveras resaltó que el 18vo. aniversario de la Ley 42-08 es una oportunidad para reafirmar el compromiso de ProCompetencia con una economía justa y resiliente, destacando la necesidad de mantener dicha legislación alineada con la realidad de los mercados actuales para proteger el interés general y promover una competencia transparente.
