La precaria gestión del Sector eléctrico le resta puntos a la administración de Abinader cuando se hacen evaluaciones
Si el Gobierno fuera comparado con una banda de música, el sector eléctrico sería el tambor desafinado.
Le ha provocado mucho ruido a la gestión que encabeza Luis Abinader y en más de una ocasión ha colocado en cierto apuro al mandatario.
Se ha visto debilidad en la distribución, en la generación y mucho más en la parte de gestión o capítulo gerencial.
Lo que ha estado ocurriendo no deja espacio a las dudas y a todas luces ha puesto al descubierto que los “cerebros o expertos” que en la oposición tenían a mano las fórmulas para solucionar los graves problemas eléctricos, se han quedado cortos cuando han sido asignados en los cargos.
En el lenguaje deportivo equivale a decir que han sido efectivos desde las gradas, pero no así en el terreno de juego.
El primer ejemplo que ajusta perfectamente en esta parte es el de Serafín Canario, a quien el Ejecutivo destituyó como administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por ineficiente el 28 de octubre de 2021, con el decreto 679-21. Canario había sido designado en el puesto el 17 de agosto del 2020 (decreto 351-20).
Se le vio muy activo cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no era gobierno pero, con Canario a la cabeza de una empresa que antes de su llegada funcionó sin contratiempo, apenas en unos días de septiembre de 2021 el Estado perdió US$15 millones, debido a que la planta no contaba con carbón mineral para la generación eléctrica.
Lo que se dijo para entonces es que a Canario “le cogió lo tarde” para solicitar el carbón a los suplidores, y la CTPC no tuvo el rendimiento que debió tener. La generadora estuvo indispuesta.
Se trata de una obra de dos unidades (752 megavatios brutos constantes, de forma conjunta), que aporta entre el 30% y el 35 % del total de la energía de República Dominicana. No es cualquier cosa.
Manifestaciones populares en el Cibao por los prolongados apagones
Al echar una mirada más cercana en términos generales, a finales de mayo del año en curso se registraron manifestaciones populares en el Cibao y en otros puntos de la geografía nacional por los prolongados apagones que afectaron al país. Para entonces, la suspensión en el servicio eléctrico y el malestar provocado movió a protestas en varias comunidades de las provincias Santiago, Sánchez Ramírez, Espaillat y Montecristi.
En junio hubo un panorama similar, con cortes energéticos de hasta 10 horas en distintas provincias, que causaron malestar en comunidades del Cibao, especialmente en Puerto Plata.
Y más allá de eso, en medio de una de las crisis mundiales más severas de los últimos años, empujada por la pandemia de covid-19, problemas en el sector logístico, escasez de materias primas y un petróleo “por las nubes”, los gestores del sector eléctrico no tuvieron la visión de amortiguar o “buscarle la vuelta” a un aumento de la tarifa que en un escenario así no procedía.
El alza se aplicó y como era de esperarse, con una situación tan complicada para la gente, la decisión acabó “pegándole los cables al Gobierno”.
Tanto, que el presidente Luis Abinader tuvo que intervenir y “salió bailando” en una situación que debieron evitarle. Frente a la presión social, anunció el 19 de julio que quedaba sin efecto el aumento de la tarifa de electricidad, hasta tanto las condiciones adversas cambiaran.
Sin embargo,persisten las quejas entre usuarios que han visto elevada su factura, en algunos casos en 40 % (y no 9 %, como se había dicho) y hasta en 100 %, en el caso, principalmente, de las distribuidoras de Electricidad del Sur (Edesur) y del Este (Edeeste).
El dato sobre esas quejas puede revisarse a través de diversas plataformas, donde se muestran montos viejos de facturas y montos recientes, incluso en Twitter e Instagram, y en reportes noticiosos (testimonios recogidos).
Mirada aritmética
Cuando se revisan las tarifas eléctricas que tenían los clientes de las distribuidoras en octubre 2021, y las que regirían por consumo a partir de julio 2022, se concluye que en nueve meses los clientes residenciales que consumen entre cero y 300 kilovatios hora (KWh) registrarían alzas desde RD$221.66 a RD$661.70 y los pequeños comercios de RD$370.98 a RD$1,096.14.
Con las tarifas de transición que la Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó para el tramo julio-septiembre, como parte de un desmonte gradual del subsidio, un cliente residencial de Edesur que pagó RD$4,311.55 por consumir 464 kWh en junio, si consumía lo mismo en julio pagaría más de RD$4,650.
Y si se tomaba el caso, por ejemplo de un cliente que pagó a Edeeste RD$1,492 por consumir 215 kilovatios hora en junio, si “gastaba” una cantidad de energía similar, entonces iba a pagar más de RD$1,610 en julio.
El Gobierno ha tenido en el foco la eliminación gradual del subsidio o subvención a la energía eléctrica. Ha sido una meta fijada para 2026, como parte de lo establecido en el Pacto Eléctrico.
Eso hizo que desde finales del pasado año la Superintendencia de Electricidad fijara el camino, vía resolución, para una tarifa según el nivel o rango de consumo de energía y tipos de regulados por las empresas distribuidoras de electricidad.
Se calculó que el 80 % de la cartera es residencial y pequeños comercios (para entonces 2 millones 700 mil clientes).
Desde julio hasta septiembre, se tenía calculado que el ajuste sería de 9 % para los clientes residenciales (los que consumen hasta 300 kWh), y de 7.6 % para los pequeños comercios. A pesar de la decisión del jefe de Estado de suspender el alza, hay casos en los que eso sigue corriendo.
Sueldos fuera de onda
No conformes, los principales funcionarios de la Superintendencia de Electricidad se subieron los salarios. Un ruido más para el Gobierno, porque lo hicieron en medio de las quejas de afectados por el alza tarifaria en plena crisis mundial. Finalmente, el superintendente Rafael Velazco, que había defendido a capa y espada el aumento, renunció.
Lo dio a conocer con una carta, efectiva al mismo día que la redactó.
En la parte de generación, a las autoridades del sector eléctrico oficial se les carga también la culpa de la suspensión sin explicación y de forma sorpresiva del acto de recepción de ofertas que tenían programado para el lunes primero de agosto, referente a la Licitación Pública Internacional de Nueva Generación hasta 800 megavatios.
Luego, a finales de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, atribuyó la decisión de cancelar el proceso, a la renuncia inmediata del superintendente de Electricidad de entonces (Rafael Velazco), así como a la necesidad de hacer cambios en los términos de referencia (nota publicada por el periódico elDinero, el 28 de septiembre, firmada por Esteban Delgado).
Esa licitación es la tercera que se realizaría en procura de captar inversiones privadas para la instalación en el país de 2,000 Mw nuevos, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero.
Se criticó la tardanza del ministro o de alguna otra autoridad del sector eléctrico estatal para explicar las razones para la suspensión de la licitación.
Dos meses después fue cuando dijo algo a un espacio radial.
Otro elemento, es que además de la renuncia del superintendente de Electricidad se cambiaron los términos de referencia, debido a que originalmente la contratación era para generación a gas natural, “pero dado que ese combustible ha estado escaso en el ámbito internacional, será preciso licitar 400 de esos 800Mw con base en fuel oil de petróleo”.
El Comité de Licitación para la contratación de nueva generación espera que la Superintendencia de Electricidad emita la resolución aprobatoria de los cambios, para retomar el proceso y hacer la adjudicación correspondiente al consorcio que realice la mejor oferta.
Andrés Astacio, de un lado a otro
El superintendente de Electricidad es Andrés Astacio (decreto 429-22), quien antes fue vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Distribuidoras.
Astacio también estuvo como gerente general de Edeeste, luego de que el Ejecutivo destituyera por ineficiente a Tomás Ozuna Tapia, el jueves 20 de mayo del año en curso.
Edeeste para entonces tenía los números en contra, con las mayores pérdidas de las tres distribuidoras (51 % en enero-abril). Con Astacio al frente, la empresa tampoco dio el gran salto hacia números azules.
El martes, la vicepresidente la República, Raquel Peña, fue designada presidenta del Gabinete Eléctrico.
El fideicomiso vino a ser una especie de remedio
Parte de lo que no se consigue adentro (en el Gobierno) se buscó afuera, cuando en marzo de 2021 el presidente Luis Abinader dispuso la constitución de un fideicomiso público, de administración, inversión, operación y fuente de pago, denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC).
Desde la Presidencia se informó que el Poder Ejecutivo persigue crear una estructura de gestión independiente para la administración transparente y eficiente, para asegurar la adecuada operación de las plantas. El coordinador y supervisor de Punta Catalina es actualmente Celso Marranzini.
Un poco de historia, la negación de un ministro
En marzo de 2021, el exadministrador de la CTPC, Jaime Aristy Escuder, acusó al ministro Antonio Almonte de ser enemigo de esa empresa, desde que estaba en la oposición.
Recordó para entonces que Almonte estaba negado a recibir las dos unidades que componen la obra.
“Luce mal un ministro atacando como si él fuera parte de un escuadrón de la destrucción de la central termoélectrica Punta Catalina. Es penoso, muy penoso ver a un ministro con ese tipo de actitud”, expresó Aristy en la entrevista central de El Despertador de SIN.
Para entonces, Jaime Aristy informó que el actual ministro había despedido al superintendente de operaciones, al superintendente de mantenimiento, a la jefa del sistema de control de calidad de aire (AQCS) y a otros técnicos de las plantas a carbón, lo que generó una crisis en la empresa.
