El Ministerio de Educación desarrolló ayer la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, convocado bajo el Decreto 309-26 con el objetivo de definir el sistema formativo hacia el año 2036.
Durante la apertura del evento, organizado de manera conjunta además por los ministerios de Educación Superior (Mescyt) Administración Pública (MAP) y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, defendió la necesidad de un “diálogo auténtico” que no parta de conclusiones preelaboradas.
“Las mejores reformas no se construyen únicamente desde la teoría, también se construyen desde la experiencia”, afirmó el funcionario al justificar la convocatoria de los servidores públicos, técnicos y docentes que operan el sistema diariamente.
Sostuvo que la meta es conciliar la formación humanista tradicional con competencias reales, articulando los subsistemas preuniversitario, superior y técnico-profesional.
Unificación de criterios entre las cuatro instituciones
Al ser cuestionado sobre cómo se articulan y socializan las consultas territoriales y sectoriales que se realizan en paralelo entre las distintas carteras, particularmente el Minerd y el Mescyt, De Camps aclaró que existe un comité ejecutivo integrado por los ministerios involucrados y el Infotep que trabaja de manera unificada.
Explicó que se ha desarrollado una comisión de trabajo conjunto para distribuirse la labor de presencialidad en las regiones, pero garantizar que todas las instituciones validen la información a través de un equipo de relatoría interinstitucional conjunto para edificar una reforma integrada y no segmentada.
Exigencias de la ADP Y Anproted en las consultas
Por disposición del mismo decreto presidencial, en las consultas participan asociaciones y representación estudiantil y religiosa.
Los gremios magisteriales y técnicos, participan atentos a los detalles.
En este escenario condicionaron su respaldo a la reforma educativa exigiendo garantías de que no se alteren los fondos conquistados por ley como el 4% de PIB para la educación.
El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Julio Canelo, advirtió que el proceso no debe limitarse a un “esfuerzo de carácter presupuestario” enfocado en optimizar o diluir el techo actual.
“Nosotros esperamos que todo este proceso se convierta en un espacio para la transformación de la educación en la República Dominicana, que no solo sea un esfuerzo de carácter presupuestario para con el presupuesto del 4 % tratar de cubrir las dos modalidades de educación preuniversitaria y la educación universitaria”, puntualizó Julio Canelo.
En términos más categóricos se expresó Etanislao Castillo Reynoso, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), al manifestar que la protección de las asignaciones financieras es una postura innegociable. “Nosotros no queremos de ninguna manera que sea tocado el porciento que le corresponde a la educación preuniversitaria”, expresó Etanislao Castillo.
Castillo Reynoso fue enfático al exigir que no se toque, bajo ningún concepto, el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) que por ley le corresponde a la educación preuniversitaria, una advertencia que, según indicó, ha sido respaldada de forma unánime en todas las consultas regionales previas.
Metodología y mesas de trabajo
En el plano operativo, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, presentó los lineamientos metodológicos que rigieron el debate de las mesas de trabajo para asegurar una formulación de propuestas ordenada y representativa de los distintos perfiles institucionales.
La sesión sectorial contó además con una nutrida representación de la Asociación Dominicana de Directores de Centros Educativos, la Asociación Dominicana de Técnicos Docentes, la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, y delegados de los credos católico y evangélico.
