SANTO DOMINGO-. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recibió una denuncia sobre supuestas violaciones cometidas por el Ministerio de Educación con las contrataciones realizadas en el marco del progama “Libro Abierto” para la producción de libros de texto en contravención a las normas que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y con el fin ulterior de aniquilar a empresas del sector editorial.

La acción, mediante la cual se demanda una investigación de parte de la DGCP, fue interpuesta por la editorial Actualidad Escolar 2000, al considerar que las contrataciones grado a grado efectuadas por el MINERD para la producción de libros de textos y materiales para la enseñanza violan la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

A través de la denuncia la casa editorial afirma que el Ministerio de Educación ha declarado haber contratado de manera directa a universidades, academias científicas e intelectuales nacionales y lo ha hecho sin la previa y preceptiva realización del procedimiento de compras requerido o sin haber publicado el proceso que culminó con estas contrataciones.

Actualidad Escolar 2000 señala que, días después del ministro haber anunciado las contrataciones, la Directora General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educacion, Heidy Miguelina Herrera de la Cruz, en respuesta a una solicitud de información, certificó por escrito que “esas fueron declaraciones ofertadas por el Ministro de Educación … y tenemos a bien comunicarle que hacen referencia a un proceso que aun no se ha iniciado”.

“Esta omisión administrativa no es una cuestión baladí, pues suprimió totalmente diversos principios esenciales de la contratación pública que necesariamente deben rodear todos los procedimientos de compras estatales y cuyo cumplimiento es una exigencia de la sociedad dominicana como única garantía para el resguardo de los principios que rigen las contrataciones públicas” plantea el documento recibido el 17 de febrero por la DGCP.

La editorial -que documenta en su denuncia una serie de violaciones- expresa que las contrataciones irregularmente adjudicadas por el MINERD no tienen como objetivo asegurar el suministro de los libros de textos en favor del estudiantado dominicano como se asegura en la Ordenanza núm. 3-2022, pues a la fecha el ministerio cuenta con los libros necesarios, adquiridos de empresas editoras.

Actualidad Escolar 2000 lamenta que las contrataciones “a dedo” del ministro Ángel Enrique Hernández Castillo se realizaran, no obstante haberse agotado con anterioridad un proceso en el cual participaron diferentes empresas, muchas de las cuales, en buena lid, presentaron sus ofertas, fueron contratadas, y entregaron sus bienes, acorde a los términos de la licitación, siguiendo las normas aplicables. 

En ese sentido, la denuncia y petición de investigación sostiene que el MINERD violó el debido proceso en materia de contratación pública y los principios de participación, transparencia y publicidad, al contratar directamente las universidades, academias científicas e intelectuales nacionales, sin agotar los procedimientos previos, en total opacidad y con la finalidad de excluir a la industria editorial en contravención a la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, lo que implica la invalidez de todas las contrataciones efectuadas en el marco del proyecto “Libro Abierto”.

Para sustentar el planteamiento anterior, indica que el propio MINERD anunció el contrato con la Universidad ISA y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se encuentra ofreciendo sus servicios desde octubre de 2022, incluso antes de que fuera emitida la ordenanza 03-2022 del 12 de diciembre del 2022, por el Consejo Nacional de Educación. Y se pregunta: “¿dónde está el proceso de compras que debió preceder dichas contrataciones? y ¿Por qué estos contratos a la fecha no salen a la luz, si ya el propio ministerio ha afirmado quiénes se encuentran produciendo los libros de texto?”

Deplora que el MINERD ejecute contrataciones públicas “opacas” prescindiendo de los mecanismos institucionales establecidos para garantizar el control social y de legalidad previsto para fiscalización de la actividad contractual de la administración pública.

Actualidad Escolar 2000 destaca que el Ministerio de Educación no ha procurado la colaboración de “las instituciones de la sociedad”, como lo establece el artículo 3 de la ordenanza 03-2022, sino que ha excluido totalmente a las empresas editoriales de la labor que cotidianamente realizan, efectuando una selección “arbitraria e ilegal” de los participantes en las contrataciones. Si bien advierten que la ilegalidad de ordenanza 03-2022 en la que enmarcan las contrataciones de la iniciativa Libro Abierto se ventila en otras instancias, “compete a esta DGCP intervenir, investigar y determinar las violaciones al marco legal que ha cometido en las contrataciones anunciadas sin llevar a cabo proceso alguno con el objetivo de garantizar la integridad en las compras estatales”

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