Washington. La Casa Blanca defendió la decisión del presidente Donald Trump de despedir a la fiscal general interina, Sally Yates, por cuestionar el veto a inmigrantes y refugiados. Yates, quien ordenó a sus subordinados en el Departamento de Justicia no defender en los tribunales el veto impuesto por Trump, con el argumento de que no estaba “convencida” de que la medida del presidente sea “legal”, fue “lícitamente apartada” del cargo, según explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Como fiscal general en funciones, a Yates “se le exige ejecutar órdenes legales” y optó por no hacerlo “en un tono desafiante”, sostuvo Spicer.
Según el portavoz, si Yates llegó a la conclusión de que no podía defender la orden firmada por Trump el viernes y que prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, debería haber renunciado al cargo.
Eso no ocurrió y Trump decidió este lunes despedir de manera inmediata a Yates, a la que acusó de haber “traicionado” al Departamento de Justicia, y a la que llamó “débil” en lo que a seguridad fronteriza se refiere y “muy débil” frente a la inmigración ilegal.
Durante la rueda de prensa, un periodista preguntó a Spicer si la salida de Yates es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro si algún otro miembro del gabinete se niega a seguir una directiva del presidente.
“No se trata de unirse al Gobierno para ejecutar las ideas o iniciativas de cada uno”, afirmó Spicer al anotar que la misión de los miembros del gabinete, jefes de agencia y personal designado por Trump es “cumplir” la agenda del mandatario.
Y “si no les gusta, entonces no deberían aceptar el trabajo”, añadió el portavoz.
San Francisco demanda a presidente por decreto
San Francisco demandó ayer al presidente Donald Trump por el decreto migratorio contra las ciudades santuario a considerar que se trata de una medida anticonstitucional y una severa invasión a la soberanía de la ciudad californiana. La demanda dice que Trump trata de obligar a las autoridades locales a abandonar las leyes y políticas de las ciudades santuario.
