El domingo 7 de junio de 2026, una entrevista muy anunciada terminó de golpe. Donald Trump se levantó de la silla en medio de una conversación con Kristen Welker, conductora del programa Meet the Press de NBC, después de que la periodista le pidiera pruebas de sus afirmaciones sobre fraude electoral y lo cuestionara por un fondo de la administración. Antes de retirarse, acusó a la cadena de estar sesgada y dio por terminado el encuentro con un seco “se acabó”.
La grabación se había hecho dos días antes en una granja de Wisconsin, bajo una lluvia intermitente. Welker insistió en continuar, recordándole al presidente que el equipo había viajado hasta allí, pero Trump respondió que ya había dado tiempo suficiente y remató con una de sus frases favoritas: un país no puede ser grande con una prensa deshonesta. La escena, lejos de ser un hecho aislado, encaja en un patrón que el mandatario ha cultivado durante casi una década.
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Un punto de quiebre: el caso Acosta
Para entender de dónde viene esta relación hay que volver a noviembre de 2018. En una rueda de prensa tras las elecciones de medio término, Trump protagonizó un cruce tenso con Jim Acosta, entonces corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca. Horas después, el gobierno le retiró el pase de prensa permanente, conocido como hard pass, que le daba acceso a las instalaciones.
La Casa Blanca, a través de su entonces vocera Sarah Sanders, justificó la medida alegando que Acosta había puesto las manos sobre una becaria que intentaba quitarle el micrófono. El periodista calificó esa versión de mentira, y los videos del momento no respaldaron la acusación. CNN llevó el caso a los tribunales, argumentando que la decisión violaba la Primera Enmienda. Un juez federal ordenó restituir el pase de forma temporal y, pocos días después, el gobierno dio marcha atrás y lo restableció por completo, aunque fijó nuevas reglas para las conferencias, como limitar a cada reportero a una sola pregunta.
El episodio fue notable porque hasta organizaciones poco críticas con Trump, como Fox News, cuestionaron la decisión. Marcó el tono de lo que vendría: choques personales convertidos en disputas institucionales sobre el acceso a la información.
Del ataque verbal a la ofensiva legal
Si el primer mandato se caracterizó por las descalificaciones, Trump popularizó etiquetas como “noticias falsas” y llegó a llamar a la prensa “enemiga del pueblo”, el segundo ha sumado herramientas más contundentes.
Una de ellas son las demandas. Tras ganar las elecciones de 2024, Trump obtuvo varios acuerdos económicos de grandes empresas de medios:
• ABC News (propiedad de Disney) aceptó pagar 15 millones de dólares destinados a su futura biblioteca presidencial, más gastos legales, por una afirmación incorrecta de un presentador sobre un caso judicial.
• Paramount, matriz de CBS, acordó en julio de 2025 un pago de 16 millones por la edición de una entrevista de 60 Minutes con la entonces candidata Kamala Harris. Trump afirmó luego que la cifra total subió en otros 20 millones.
• Meta (Facebook) zanjó por 25 millones una demanda derivada de la suspensión de sus cuentas tras el asalto al Capitolio de 2021.
A esa lista se han sumado demandas o amenazas contra The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, un diario de Iowa e incluso la BBC británica, que pidió disculpas por la edición de un discurso suyo. Muchos de estos medios han negado haber actuado mal y varios expertos en derecho consideraron débiles algunas de las acciones legales.
La presión sobre los reguladores
El otro frente es institucional. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), bajo su nuevo presidente Brendan Carr, ha quedado en el centro de la polémica. Críticos señalan que el acuerdo de Paramount llegó justo cuando la empresa necesitaba la aprobación de esa agencia para una fusión con Skydance, lo que alimentó la sospecha de que las negociaciones legales y regulatorias estaban entrelazadas.
A esto se suman otros movimientos: el intento de recortar los fondos públicos aprobados por el Congreso para las emisoras NPR y PBS, cambios en las reglas de acreditación de la sala de prensa de la Casa Blanca, que abrió el acceso a medios alternativos y pódcasts, y la decisión de la fiscalía de retirar protecciones que dificultaban investigar las comunicaciones de los periodistas en casos de filtraciones.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han advertido sobre lo que describen como un deterioro de las condiciones para el periodismo de investigación en Estados Unidos.
¿Castigo o cálculo político?
Más allá de los hechos, queda la pregunta sobre el motivo. Para sus críticos, se trata de un esfuerzo sistemático por controlar la narrativa e intimidar a la prensa. Para sus seguidores, es la defensa legítima frente a una cobertura que consideran parcial.
Varios analistas apuntan a una tercera lectura, complementaria: la confrontación con los medios funciona como estrategia política. Al presentarse como un outsider enfrentado a la élite mediática, Trump refuerza su imagen ante una base que desconfía de la prensa tradicional y convierte cada choque en un acto de movilización. Bajo esa óptica, escenas como el plantón a Welker no serían un descuido, sino parte del mensaje.
Lo cierto es que, de Acosta a Welker, el guion se repite con variaciones: una pregunta incómoda, un cruce subido de tono y, al final, el mismo argumento de fondo sobre una prensa a la que el presidente acusa de jugar en su contra. Lo que ha cambiado en estos años no es tanto el discurso como las herramientas para sostenerlo
