SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Un enfrentamiento sobre la Segunda Enmienda ha estallado entre el gobierno federal y las Islas Vírgenes Estadounidenses .
El gobierno de Estados Unidos demandó el martes al territorio estadounidense, a su departamento de policía y al comisionado de policía Mario Brooks, acusándolos de obstruir y negar sistemáticamente a los ciudadanos estadounidenses el derecho a poseer y portar armas .
Las Islas Vírgenes Estadounidenses exigen que los solicitantes demuestren motivos fundados para temer la muerte o lesiones graves a su persona o propiedad, y que dos personas creíbles avalen su necesidad de un arma de fuego. La legislación local también exige buena conducta moral para obtener un permiso de armas, válido hasta por tres años y aplicable a una sola arma.
La demanda afirma que no se ha establecido ni definido un estándar específico para el requisito de carácter. También afirma que los demandados se niegan «habitualmente» a expedir permisos a quienes, según la ley, son «considerados inapropiados» por el comisario de policía del territorio.
Que establece la demanda
La demanda establece que quienes se encuentren en el territorio estadounidense también deben someterse a registros domiciliarios invasivos y sin orden judicial como condición para obtener un permiso de armas. Si un solicitante rechaza una inspección domiciliaria, cuya programación y finalización demora entre varios meses y un año, el gobierno no procesará su solicitud, según la demanda.
También señala que el departamento de policía “niega licencias de armas de fuego a solicitantes que de otro modo estarían calificados cuando considera que el solicitante tiene ‘demasiadas’ armas de fuego”.
Además, la demanda acusa a las Islas Vírgenes de Estados Unidos de exigir que los solicitantes “gasten dinero innecesariamente para instalar una caja fuerte” y que ésta esté atornillada al piso o la pared de su casa.
La demanda acusa a los demandados de desafiar “un precedente vinculante de la Corte Suprema para frustrar los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”.
Señala que dichos ciudadanos “tienen el derecho fundamental a poseer armas en sus hogares” y portar pistolas en público con el propósito de defensa propia inmediata.
La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Solicita que un juez determine que los acusados violan la Segunda Enmienda y solicita una orden judicial que les prohíba implementar las leyes locales relacionadas con la emisión de licencias de armas de fuego.
acusaciones serán abordadas en el tribunal
El gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos dijo en un comunicado emitido el martes por la noche que está revisando la demanda y tomando en serio las acusaciones.
Señaló que la administración del gobernador Albert Bryan Jr. y el vicegobernador Tregenza A. Roach “está comprometida a proteger los derechos constitucionales mientras mantiene la seguridad pública”.
El comunicado indicó que las acusaciones las abordaran en el tribunal y que no se emitirán más comentarios.
La demanda se presentó mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump impulsa la ampliación del derecho a poseer armas. El año pasado, Trump afirmó que la Segunda Enmienda estaba «bajo asedio» y se describió a sí mismo como «el mejor amigo que los propietarios de armas han tenido en la Casa Blanca».
