Buenos Aires. El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción durante su Gobierno (2007-2015), entró ayer en una de sus etapas finales, la de los alegatos de las defensas, en un escenario de fuerte convulsión política.
Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta sufriera el pasado jueves un atentado, en un contexto de elevada tensión entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el pasado 22 de agosto el fiscal que interviene en el proceso oral solicitara una pena de 12 años de cárcel para la exmandataria.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
En sus alegatos finales, los fiscales acusaron a la exmandataria de haber creado, junto a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” en Argentina.
La defensa
La defensa de Héctor René Jesús Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, fue la que abrió este lunes la etapa de alegatos.
El abogado de Garro inició su intervención manifestando el “rechazo” por el ataque del jueves último a Cristina Fernández e imploró a Dios que el “odio no gane” y que “cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción de las reglas de la sociedad y la convivencia social”.
La Fiscalía había pedido para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36.4 millones de dólares).
