El proceso, abierto hasta el 30 de junio, casi duplica la previsión inicial del Gobierno de medio millón de peticiones. Ya es el de mayor número de solicitudes en la historia del país.
La regularización extraordinaria de personas migrantes puesta en marcha por el Gobierno español ha superado las 900.000 solicitudes a falta de quince días para el cierre del plazo, según los datos oficiales.
La cifra supone un récord histórico de peticiones y deja muy atrás la previsión del Ejecutivo, que había presentado el proceso con la expectativa de regularizar a alrededor de medio millón de extranjeros.
Qué programa es
Se trata de una regularización administrativa extraordinaria, primer hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz. El Real Decreto que la habilita se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril y entró en vigor el día 16, fecha en la que se abrió la presentación de solicitudes por vía telemática y presencial. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio. La admisión a trámite otorga el derecho a residir y trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año.
Quiénes aplican
Pueden acogerse las personas en situación administrativa irregular que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026, así como quienes hubieran solicitado protección internacional antes de esa fecha. El Real Decreto exige acreditar la presencia en el país antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses previos a la solicitud. Además, los aspirantes deben carecer de antecedentes penales, en España y en los países donde hayan residido, y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Por qué se alcanzó una cifra récord
El ritmo ha desbordado las estimaciones oficiales. El 22 de mayo ya se contabilizaban más de 550.000 solicitudes, la cifra que el Gobierno fijaba como meta, de las que se había admitido a trámite alrededor de un 16 %. Menos de un mes después se sumaron otras 350.000 peticiones, hasta rebasar las 900.000, mientras el porcentaje de expedientes aceptados se disparaba al 40 %, unas 360.000 solicitudes.
El volumen refleja la bolsa acumulada de personas en situación irregular y la fuerte demanda de mano de obra en sectores como la hostelería, la agricultura y los cuidados, además de la agilidad de la tramitación telemática.
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Retos pendientes
El principal desafío es administrativo: la Administración dispone de tres meses para resolver cada expediente, y el salto en el número de solicitudes pone a prueba esa capacidad de respuesta. Queda por ver cuántas de las peticiones admitidas terminan en concesión efectiva, cómo se gestiona la renovación una vez agotado el primer año de autorización y de qué manera se traduce el proceso en integración laboral real. A ello se suma la tensión política en torno a la política migratoria, que mantiene el asunto en el centro del debate parlamentario.
