La Operación Lanza del Sur, ofensiva militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra presuntas embarcaciones de narcotráfico acumula 67 barcos atacados y 221 muertos, pero no habría logrado reducir la cantidad de cocaína que llega al mercado estadounidense, según una evaluación de la Administración para el Control de Drogas citada por The Washington Post.
El reporte sostiene que analistas de la DEA concluyeron que los bombardeos no han afectado de forma significativa ni el precio ni la disponibilidad de la cocaína en Estados Unidos, pese a que la Casa Blanca ha presentado la llamada Operación Lanza del Sur como una ofensiva decisiva contra el tráfico marítimo de drogas.
De acuerdo con el informe periodístico, los traficantes han respondido modificando sus rutas y métodos. Tras los ataques contra lanchas rápidas en aguas internacionales, estarían utilizando embarcaciones más grandes cerca de las costas, donde perciben menor riesgo de ser blanco de operaciones militares, y aumentando el uso de aeronaves desde pistas clandestinas.
En claves
- Una evaluación de la DEA citada por The Washington Post concluye que los ataques no han reducido el precio ni la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos.
- La operación militar ha dejado 67 embarcaciones atacadas y 221 muertos, según el reporte.
- Traficantes habrían cambiado rutas y métodos, usando embarcaciones más grandes, zonas costeras y aeronaves.
La DEA ve adaptación, no reducción
La conclusión de los analistas antidrogas apunta a una dinámica conocida en los mercados ilícitos: cuando se presiona una ruta, las redes criminales trasladan operaciones hacia otras.
Un funcionario de la DEA citado por el reporte lo resumió con una metáfora: cuando se aprieta un globo por un lado, se expande por otro. Esa adaptación explicaría por qué los ataques pueden haber disuadido un tipo específico de transporte, sin reducir necesariamente el volumen final de cocaína disponible en Estados Unidos.
El periódico también reporta que funcionarios del Pentágono informaron al Comité de Servicios Armados del Senado que la cocaína confiscada mantiene altos niveles de pureza, una señal de que el suministro no se ha contraído de forma sustancial.
Otro dato citado en el reporte apunta en la misma dirección: en Florida, el precio del kilo de cocaína habría caído hasta un rango de US$13,000 a US$15,000, lo que sugiere que la droga sigue circulando con amplia disponibilidad.
El contraste con el discurso de Trump
Trump ha sostenido en varias ocasiones que su ofensiva redujo drásticamente el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. En abril, afirmó en Truth Social que el 98.2 % de las drogas que ingresaban por mar habían sido detenidas, una declaración que ya había sido cuestionada por analistas y reportes especializados.
La evaluación atribuida a la DEA abre una brecha entre el discurso político y los resultados operativos. Aunque la campaña ha destruido embarcaciones y causado muertes, los indicadores de mercado citados por el reporte, precio, pureza y disponibilidad, no muestran una reducción efectiva del suministro de cocaína.
El problema excede la operación estadounidense. El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que la producción de cocaína en Sudamérica alcanzó unas 4,100 toneladas en 2024, el último año disponible, con un aumento de más de cuatro veces respecto a 2014.
Una estrategia bajo escrutinio legal
Los ataques navales también han generado cuestionamientos legales. Organizaciones y analistas han calificado la campaña como una política de ejecuciones extrajudiciales cuando las personas atacadas no son detenidas, identificadas públicamente ni sometidas a proceso judicial.
Esa crítica apunta al fondo del debate: si el objetivo es combatir redes criminales transnacionales, destruir embarcaciones y matar tripulantes puede producir imágenes de fuerza, pero no necesariamente investigaciones, acusaciones, decomiso de activos, identificación de mandos financieros o desmantelamiento de estructuras logísticas.
El reporte también recoge la visión de funcionarios latinoamericanos que consideran que el impacto ha sido limitado. La presión militar habría desplazado parte del tráfico hacia puertos, grandes buques, rutas más largas, semisumergibles y transporte aéreo, sin cambiar la rentabilidad del negocio.
La conclusión política es incómoda para Washington: una operación presentada como golpe decisivo al narcotráfico podría estar produciendo un alto costo humano y diplomático sin modificar el funcionamiento económico del mercado de cocaína.
La ofensiva contra las drogas queda así atrapada en una vieja paradoja de la política antidrogas: más interdicción no siempre equivale a menos droga. Mientras la producción regional siga en niveles récord, la demanda estadounidense permanezca alta y las redes criminales conserven capacidad de adaptación, los ataques marítimos pueden alterar rutas, pero no necesariamente reducir el negocio.
