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Savannah (Estados Unidos), 17 oct (EFE).- La afroestadounidense Jessica Mathis tiene 40 años y parálisis cerebral. El 8 de noviembre, día de las elecciones legislativas, nadie podrá ofrecerle agua o comida en el colegio electoral porque esa ayuda ha sido vetada por una ley que dificulta en Georgia ir a votar.

Vive en un modesto apartamento a las afueras de Savannah, una ciudad turística de ese estado de la costa este justo encima de Florida, y se mueve en silla de ruedas. No piensa rendirse pese a los nuevos obstáculos en vigor desde marzo de 2021, pero tiene claro que, según dice a EFE, esa normativa está pensada para «desanimar a la gente negra, con bajos ingresos o discapacitada».

Ella, que padece también presión arterial alta, forma parte de esos tres colectivos. «Aunque a mí no me hará cambiar de opinión porque mis antepasados murieron por este derecho y ellos pasaron por cosas mucho peores que nosotros ahora», señala en vísperas de la apertura de la votación anticipada este lunes.

La ley aprobada por el Congreso de Georgia, bajo control republicano, no prohíbe solo la entrega de agua o comida. Ha reducido el número de buzones electorales, limitado su horario de apertura o, entre otras disposiciones, incrementado los documentos de identidad necesarios para votar por correo.

Obstáculos que afectan sobre todo a las minorías, más progresistas, en un estado donde el demócrata Joe Biden se impuso a Donald Trump en las presidenciales de 2020 por dos décimas, el resultado más ajustado en todo el país, que obligó a hacer un recuento a mano y que fue contestado sin éxito por los conservadores en los tribunales.

Mathis, graduada en Historia y que ayuda como voluntaria a que la gente se registre o solicite el voto ausente, se ha decantado en el pasado tanto por demócratas como por independientes y esta vez planea depositar su papeleta «lo antes posible» para asegurarse de que no tiene problemas.

Los impulsores de la nueva normativa defienden que se ha hecho en aras de mayores garantías, pero organizaciones como Southern Poverty Law Center, en la que trabaja la abogada Pichaya Poy Winichakul, presentaron una demanda el mismo mes de su entrada en vigor por anticonstitucional.

La «larga» historia de supresión de voto en Georgia, apunta esa denuncia, se remonta a la época posterior a la guerra civil estadounidense (1861-1865), en la que «el Ku Kux Klan recurrió a la violencia generalizada para restablecer la supremacía blanca».

Aunque la demanda interpuesta no evitó que la nueva ley electoral fuera aprobada, su lucha judicial continúa para intentar revocarla: «Nuestro litigio sigue adelante en la corte de distrito federal», dice a EFE la letrada.

Su queja se ve reflejada en datos concretos. La red estatal de canales de televisión Georgia Public Broadcasting estima que en 2020 más del 70 % de los electores de ciudades y sus suburbios residían a diez minutos de un buzón electoral, pero ese número ha caído ahora a menos del 50 %, marginando a gente que es menos probable que tenga automóvil.

Georgia no es el único lugar con ese tipo de barreras, pero sí un estado clave porque no tiene un claro favorito y la Administración de Biden no puede permitirse perder su escaño en el Senado si quiere mantener su ajustada mayoría en el mismo.

El Brennan Center for Justice, dedicado a elaborar reformas que protejan la democracia, calcula que desde principios de 2021 se han aprobado «al menos» 42 leyes electorales restrictivas en 21 de los 50 estados del país, de las que 33 contienen alguna disposición ya vigente en 20 estados para estas legislativas, como en Texas o Arizona.

Su informe, de octubre, recuerda que solo en 2022 se promulgaron diez leyes estatales restrictivas. Después de las de 2021 es el número más alto de ese tipo de normativas en una década, y además han tenido lugar en un año electoral, que por lo general presenta menos actividad legislativa que un año normal.

«Hay mucha confusión en los votantes por todo lo que ha cambiado», admite Kristin Nabers, directora de la delegación en Georgia de la organización All voting is local, que protege la libertad de votación.

Su grupo realiza campañas educativas y no es el único movilizado para llevar a la gente a las urnas. Iglesias como la bautista Connors Temple, en Savannah, acompañan su mensaje religioso con una concienciación ciudadana.

«Los animo a que voten y a que lo hagan cuanto antes porque ya hay planes para intimidarlos a no hacerlo. No asuman que están bien registrados», señaló este pasado domingo a su comunidad, toda ella afroestadounidense, el pastor Thomas Sills.

«¿Cuánta gente está siendo marginada por su estatus socioeconómico? Les insto a que vayan pronto porque no queremos que se haga lo que ya se está haciendo, que se cuestione su legitimidad para votar. Es algo que debe investigarse. ¿A quién le beneficia?», preguntó a EFE tras una misa en la que se repartieron abanicos con el lema «Black Votes Matter» (Los votos negros importan).

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