Ginebra, 20 mar (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este miércoles, en un debate sobre la situación en Bielorrusia, que se ponga fin e investigue de forma inmediata la persecución y detención de miles de personas por motivos políticos desde las elecciones presidenciales de 2020 hasta 2023.

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk aseguró que la mayoría de las personas detenidas durante el periodo examinado fueron procesadas y condenadas «injustamente» y sus abogados «presionados, detenidos, maltratados e incluso inhabilitados».

«Pido que se lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas, transparentes e independientes de todas las violaciones del derecho internacional cometidas desde mayo de 2020, y que se proporcionen los recursos adecuados», afirmó el director de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la oficina del alto comisionado, Christian Salazar Volkmann, al presentar el informe.

Salazar denunció además la detención «arbitraria y generalizada» de menores en 2020 y 2021 y la celebración de más de 50 juicios penales por motivos políticos contra personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el presunto delito.

Según el informe, al menos 207 personas fueron detenidas en 2023 cuando regresaban a Bielorrusia y otras 200 el pasado mes de enero, en su mayoría mujeres y familiares de presos políticos, por presuntamente haber colaborado con una iniciativa para llevar alimentos a las prisiones.

Estas detenciones, así como otras violaciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, han supuesto el cierre del espacio cívico bielorruso y han privado a la población del país de la posibilidad de ejercer sus derechos, de acuerdo con el informe.

En este sentido, denunció que en las elecciones parlamentarias del pasado 25 de febrero ningún partido de la oposición al Gobierno pudo inscribirse, algo que califica de «especialmente preocupante» de cara a los comicios presidenciales previstos para el año que viene.

Además, la oficina ha constatado una intensificación del uso de las leyes antiterrorista y antiextremista bielorrusa, las cuales han sido aprobadas o modificadas tras las elecciones de 2020 para «oprimir y castigar a opositores reales o supuestos».

La oficina del alto comisionado austríaco se mostró igualmente alarmada por la posible desaparición forzada de varios conocidos miembros de la oposición que cumplen condena por motivos políticos.

Ante esta situación, instó a las autoridades bielorrusas a que proporcionen información sobre su paradero para que puedan reunirse con sus abogados y familiares y poner fin a su detención arbitraria.

También constató numerosas violaciones de los derechos al trabajo y a la educación de opositores reales o presuntos, siendo despedidos e incluso incluidos en la lista del Gobierno de los denominados «extremistas», lo que restringió aún más sus derechos. EFE

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