Madrid. El escándalo de corrupción que salpica al partido socialista en España, y que y se extendió a un gobierno regional, alimenta la inquietud de los socios políticos de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno insiste en que tiene intención de agotar la legislatura, en 2027.
Un informe de la Guardia Civil que involucra al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán -uno de los hombres de confianza de Sánchez- en un presunto cobro de comisiones, estrecha el cerco sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya tocado por el caso de corrupción que alcanzó al también exresponsable de Organización y exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.
El caso ha alcanzado ya a la región de Navarra (noreste), gobernada por los socialistas, tras la renuncia de un alto cargo local por sus vínculos con Cerdán y sus supuestas prácticas corruptas en las adjudicaciones de obra pública.
El principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP) parece convencido de que el escándalo puede acabar con la legislatura. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, describe al PSOE como un partido “en fase de destrucción” y considera la situación como un “volcán” mayor que los “brotes o episodios agudos de corrupción” antes vividos.
También los socios de Sánchez -que encabeza un Gobierno de coalición con Sumar (izquierda) y precisa el apoyo de los nacionalistas en el Congreso- están marcando distancias.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar) ha lanzado un aviso a Pedro Sánchez y ha advertido que habrá “un problema” en España si no se garantiza la limpieza del PSOE y se adoptan medidas para atajar la corrupción.
Pese a todo, los ministros socialistas del Gobierno, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se han esforzado en dejar claro que no se van a rendir.