San Juan. La escalada de feminicidios en Puerto Rico, que obligó a las autoridades a prorrogar el estado de emergencia por violencia de género, está impulsando la lucha contra esta lacra desde distintos frentes políticos y sociales, incluso mediante una aplicación móvil.
El primero de los nueve feminicidios directos íntimos perpetrados en lo que va de año ocurrió el 26 de enero, cuando Brenda Liz Pérez murió por disparos efectuados por su expareja, y el último el 5 de julio, día que Michelle Maldonado fue asesinada por un compañero de trabajo que reportó primero falsamente su desaparición.
Sus nombres, junto a los de Erica, Nancy, Daisy, María Julia, Adaly, Yomara y Vanessa, se han sumado a la dramática lista de los catalogados como feminicidios directos íntimos, aquellos cometidos por una pareja, expareja o un conocido con el que la víctima rechazó mantener una relación.
En una isla de poco más de 3 millones de habitantes, estos datos son alarmantes, más si se tiene en cuenta que durante todo 2021 se registraron 12 feminicidios, según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico.
La presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Vilmarie Rivera, reconoció a Efe que “resulta asombroso” ese número de crímenes cuando está en vigor un estado de emergencia para atender la violencia machista. “Tenemos la esperanza de ir estableciendo los cimientos para disminuir los incidentes, pero lamentablemente es un proceso que no va a tener resultados inmediatos”, explicó.
Estado de emergencia
Ante esta situación, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decretó la extensión hasta el 30 de junio de 2023 del estado de emergencia, declarado por primera vez en enero de 2021, y la continuación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate, Educación (PARE).
“Aún es palpable el hecho de que la violencia de género sigue causando demasiado daño y no puede encontrar espacio ni tolerancia en un Puerto Rico moderno”, lamentó el gobernador.
Con el Comité PARE se ha revisado el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres, se han asignado fondos a organizaciones no gubernamentales para ampliar los servicios a las víctimas y se ha implementado un centro de procesamiento de las órdenes de protección, entre otras medidas.
También se han facilitado guías específicas a los municipios y a distintas agencias para que sepan dirigir a las víctimas, algo que ha sido “muy positivo”, señaló Rivera, que lideró el Comité de Servicios de PARE.
Cree que faltan medidas de prevención
Si a los feminicidios directos íntimos se suman aquellos considerados no íntimos, familiares o que están bajo investigación, la cifra asciende a 31 mujeres asesinadas desde el inicio de 2022.
En opinión de Rivera, “hay que asignar mayores recursos para campañas educativas y lograr que el Gobierno incorpore la perspectiva de género dentro del currículo escolar”. “Nos falta mucho todavía esa parte de prevención, ha quedado corta”, reconoció la presidenta de la Red de Albergues, que cuenta con nueve refugios en la isla para las víctimas.
