Santo Domingo. La República Dominicana calificó ayer miércoles de “injusto” e “inoportuno” un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su preocupación por la deportación desde el territorio nacional de embarazadas haitianas en condición irregular.
El Gobierno comenzó en noviembre a deportar haitianas embarazadas en medio de la grave crisis que vive Haití, bajo el argumento de que los servicios de maternidad representan un alto costo económico para el país, donde los alumbramientos de extranjeras pasaron de un 12,5 % en 2018 a un 30 % en la actualidad, según estadísticas oficiales dominicanas.
A través de un comunicado, la Cancillería dominicana señaló que el “fracaso de la comunidad internacional” en Haití “ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino”.
La normativa internacional establece que un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de migrantes frente a sus nacionales, sin embargo, “de lo que se trata en este caso “es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de estos servicios en Haití”, apuntó la nota.
En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, “de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna”, subrayó el comunicado.
República Dominicana, añadió la nota, “tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”.
Lo que acontece en Haití “es un problema hemisférico y global que requiere soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales”, de acuerdo con la Cancillería dominicana. La Cancillería invitó a la CIDH a consultar las situaciones de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas.
